Chávez: "Las redes sociales son un arma que tiene que ser usada por la revolución"

Con 120.000 seguidores en la cuenta de Twitter estrenada esta semana, el presidente venezolano, Hugo Chávez, confirmó que el perfilchavezcandanga en la red social es suyo e invitó a Evo Morales y a Fidel Castro a luchar por la revolución con 140 caracteres.

"Hay gente que no cree. ’No. ese no es Chávez, eso se lo están escribiendo’. No, no, yo escribo mis mensajitos", dijo Chávez en una reunión televisada con el presidente de Bolivia, Evo Morales.

Pero Morales no está en Twitter y por eso el presidente de Venezuela cree que no debe desperdiciar la oportunidad: "Evo, ¿tú no estás en Twitter? Invitamos a Evo al Twitter", dijo.

Además, comentó que iba a enviar un mensaje al ex presidente cubano Fidel Castro, a quien considera su padre político y no aparece en público desde hace dos años. "Agarra tu Twitter ahí", le ordenó.

Chávez dijo que él mismo ha recibido varios mensajes, unos pocos con insultos, informa hoy el sitio Publico.es.

El mandatario aseguró que la "revolución" debe usar Twitter como arma para la "batalla ideológica" y que el pueblo debe incorporarse para evitar dejar la red social en manos de "la oligarquía".

Fuente: Pagina 12

Santos usa a Chávez en la campaña

Las tensiones con Venezuela siguen coladas en la campaña presidencial en Colombia. Juan Manuel Santos, quien según las encuestas sería el sucesor de Alvaro Uribe, es el favorecido con la reavivada polémica, como lo denunció el también aspirante a la presidencia Rafael Pardo. Esta semana, Santos es noticia también por señalamientos de ex paramilitares y declaraciones sobre una eventual guerra con Ecuador y Venezuela.

“Lo que quiere el gobierno es traer al presidente (Hugo) Chávez para que sea el jefe de campaña de Juan Manuel Santos para ponernos a todos a responderle al mandatario venezolano”, afirmó Pardo, candidato por el Partido Liberal, quien opina que la campaña por la presidencia es sobre los intereses de Colombia y no le conviene al país poner en el debate el tire y afloje con Venezuela.

Desde el domingo, cuando los candidatos expresaron sus puntos de vista en un debate nacional televisado, la agenda política de campaña se centró en las relaciones con los países vecinos. Santos afirmó que se siente orgulloso de haber ordenado y dirigido la operación militar que terminó con la vida del número dos de las FARC, alias Raúl Reyes, en territorio de Ecuador. El presidente de ese país, Rafael Correa, y Hugo Chávez de Venezuela, consideraron “peligrosas” las declaraciones de Santos e interpretaron lo dicho en el debate como el anuncio de Santos de volver a ordenar una operación como la de 2008, que sumió a Colombia en una de las crisis más profundas con estos dos países .

El ex ministro de Uribe y candidato por el Partido de la U afirmó que la “prudencia” sería su estrategia en las relaciones con Venezuela, en caso de llegar a ser elegido primer mandatario el próximo 30 de mayo. Sin embargo, horas antes acusó al presidente venezolano de interferir en la política colombiana. “Creo que al pueblo colombiano no le debe gustar que el presidente Chávez interfiera en las elecciones”, dijo en la radio.

Para Pardo, provocar a los presidentes de los países vecinos es traer el tema de Venezuela a la campaña colombiana. Según él, los candidatos tienen que demostrar a los electores que de ser presidentes van a tener buenas relaciones con los vecinos y, claramente, que no van a hacer una guerra con Ecuador o Venezuela.

El otro presidenciable opositor, Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo, acusó ayer a Santos de contactar a la guerrilla de las FARC para darle un golpe militar al ex presidente Ernesto Samper (1994-1998). La afirmación fue una respuesta a la denuncia del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien desde una cárcel en Estados Unidos declaró a la Justicia que Juan Manuel Santos le propuso a Carlos Castaño, fundador del paramilitarismo en Colombia, darle un golpe de Estado a Samper.

Mancuso también afirmó que sin el apoyo del Ejército, la policía y la agencia de inteligencia del gobierno, el DAS, los paramilitares del Norte no hubieran obtenido un alto crecimiento. Las escuchas ilegales del DAS a jueces, opositores y defensores de derechos humanos, y la infiltración paramilitar en este organismo, son denuncias por las que el principal aspirante del uribismo a la presidencia aún no se refiere públicamente. Tampoco se inició hasta ahora investigación alguna en su contra por el tiempo que ejerció como ministro de Defensa al frente de asuntos polémicos como éste. Por el bombardeo a territorio ecuatoriano, un juez de la ciudad de Sucumbíos en Ecuador ordenó la captura de Santos. Hasta el momento, ninguna acción penal en su contra ha prosperado.

Fuente: Pagina 12

Bolivia mira al futuro con el retrovisor

En enero de 2006, a pocos días de su toma de posesión, Evo Morales encandiló a Europa con su jersey a rayas. El presidente electo de Bolivia se paseó por varias capitales rompiendo protocolos con una imagen que sedujo a todos. Después de tres años y medio de Gobierno y en los umbrales de un nuevo proceso electoral, viste sofisticadas chaquetas con motivos indígenas y camisas con bordados de reminiscencia prehispánica. El primer presidente indí­gena de Bolivia es, qué duda cabe, una figura continental y, con jersey o con chaqueta, todavía fascina a una parte significativa de la comunidad internacional.
Todas las encuestas de preferencia de voto para las próximas elecciones presidenciales, de diciembre de 2009, le otorgan entre el 42% y el 48%, frente a un esmirriado 11%-15% de su primer oponente. Aunque la campaña no ha comenzado aún y es evidente que las cifras cambiarán, acortándose las distancias, es difícil encontrar a un solo boliviano que no crea que Morales será reelegido para un segundo mandato consecutivo. El último presidente que logró la reelección consecutiva, hace ya 45 años, Víctor Paz Estenssoro, fue derrocado a los tres meses de su posesión. No parece que éste vaya a ser el caso, pero no es un dato desdeñable en un Estado políticamente volátil.
¿Pero qué hay detrás de la imagen del boliviano más mediático de la historia?
Morales marca un antes y un después en el destino del país, pues su figura cierra la página del largo y dolo roso camino a la inclusión de algo más de la mitad de los habitantes, que tienen origen indígena, quienes sufrieron hasta 1952 condiciones de semiesclavitud simplemente inenarrables. Pero contra lo que se cree con frecuencia, su presidencia marcó la culminación de un camino histórico, no su comienzo. Baste recordar que el presidente Andrés Santa Cruz Calahumana (1829-1839), uno de los padres de la nación, era hijo de una cacica aymara.
La Revolución de 1952, protagonizada precisamente por Paz Estenssoro en el primero de su cuatro gobiernos, llevó adelante tres medidas cruciales para los indígenas que chuas y aymaras: el voto universal, la reforma agraria que les devolvió la tierra que les había sido expoliada sobre todo entre 1880 y 1920, y un código educativo que universalizó la educación primaria y extendió la educación al área rural del país. En 1993, el primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (quizá la figura más execrada de la política boliviana de hoy) realizó la segunda generación de medidas a favor de la inclusión. Reconoció mediante una reforma parcial de la Constitución que Bolivia es un país pluricultu ral y multilingüe. Creó más de trescientos municipios con jurisdicción territorial, que cubrieron la totalidad del país, con autonomía, elección directa de alcaldes y presupuesto propio, otorgado por el presupuesto nacional de manera automática de acuerdo a su densidad demográfica, lo que permitió la existencia de municipios indígenas (más de cien) y mancomunidades de municipios indígenas. Aprobó la ley de educación intercultural y bilingüe que está en plena vigencia y modificó la reforma agraria de 1953, reconociendo las tierras de comunidad en el altiplano, imponiendo impuestos a los latifundios de las tierras bajas, estableciendo la función económica y social de la tierra y otorgando a los pueblos del Amazonas y del Chaco tierras comunitarias de origen en extensiones que varían entre 5.000 y 500.000 hectáreas, según el caso. En las elecciones de 2002, en las que Morales obtuvo el segundo lugar, el Parlamento integraba ya a más de un 30% de representación indígena.
Cuando en 2003, tras la grave crisis política y el trágico saldo de casi setenta muertos que obligó a la renuncia de Sánchez de Lozada tras un año y algo más de su segunda y dramática Administración, logramos desde el Gobierno una nueva reforma parcial de la Constitución que incluyó la Asamblea Constituyente, el Referendo y la apertura para participar en elecciones a agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, propusimos un Estado de autonomías y la elección directa de prefectos (gobernadores) en los nueve departamentos que tiene el país.
¿POR QUÉ MORALES?
Nacido en un humilde y remoto pueblo aymara cercano a la frontera con Chile, Morales logró casi el 54% de los votos en las elecciones de 2005 porque, reciclado de dirigente sindical de las regiones de producción de coca ilegal a campeón de las reivindicaciones indígenas, devino en símbolo de una parte esencial del país. Pero, además, llegó en el momento justo, con el discurso adecuado. Desde 2003, Bolivia estaba ávida de cambios y cansada de lo que hasta ese momento había sido una democracia (reconquistada en 1982) controlada por tres partidos tradicionales. Sus votantes se identificaron casi carnalmente con él, por razón de piel, frustrados por un proceso agotado y miope para comprender las demandas sociales y, sobre todo, porque, a pesar de los importantes esfuerzos de varios gobiernos por resolver brechas profundas, los niveles de pobreza y los indicadores sociales básicos seguían siendo los peores de Suramérica. Es inútil decir que, en un cuarto de siglo, Bolivia redujo más de veinte puntos su porcentaje de pobreza y mejoró temas de saneamiento básico y salud. Las demandas y la realidad no pueden cubrirse con cifras macroeconómicas positivas o con modestos avances sociales. La desigualdad entre ricos y pobres sigue siendo una de las más altas del hemisferio.
Morales fue por eso coronado, un día antes de su investidura oficial, en Tiahuanacu, el centro prehispánico y preincaico más importante de Bolivia, arropado por la esperanza de millones de indígenas que por fin se miraban en el espejo del poder conquistado por uno de ellos. El nuevo presidente llegó con todos los astros alineados, la más alta votación de los últimos cuarenta años, el apoyo pleno y embelesado de la comunidad internacional, la mayor bonanza económica del país en un siglo (si no más) gracias a precios internacionales de materias primas que rompie ron todos los récords imaginables y, por encima de todo, una legitimidad que le permitía saldar una deuda histórica no sólo de modo simbólico, sino realmente. No lo hizo. En el momento crucial de definir la ruta de su Gobierno optó por un “nosotros” equivocado. Desde el primer día su “nosotros” era el del presidente de los indígenas, no el del presidente de los bolivianos. Una posición comprensible al principio se volvió recurrente a lo largo de su gestión. El mandata rio, en vez de tender manos y proponer la cons trucción común de la nación entre indígenas, mestizos y blancos, prefirió cavar trincheras.
SU GOBIERNO, SU PROYECTO
Pero si algo está claro hoy es que, más allá de sus discursos interminables, la repetición de dos o tres ideas recurrentes y su estilo agresivo y adjetivado que lo llevó a la expulsión del embajador de Estados Unidos, a tensiones con Brasil, a una casi ruptura de relaciones con Perú y a un alineamiento militante con Hugo Chávez, Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) tienen un proyecto muy profundo de transformación y de cambio en el que se mezclan demasiados ingredientes que pueden estallar en las manos del gobernante, en las de sus partidarios y en las de todos los bolivianos.
Largo sería contar los tristes avatares de la Asamblea Constituyente elegida e instalada en 2006, que en un año y tres meses de trabajo ¡no discutió ni aprobó un solo artículo del proyecto constitucional! Baste decir que terminó en medio de las balas, con un saldo de tres muertos y 150 heridos, con los oficialistas reunidos en un cuartel en las afueras de Sucre, la capital de Bolivia. Aprobada en detalle en Oruro, corregida y “adaptada” en un curioso e ilegal acuerdo del Congreso, fue aprobada en referéndum en 2009 por el 62% de los bolivianos.
El proyecto-país, expresado inequívocamente en la nueva Carta Magna de Morales (la decimosexta desde 1826), es la destrucción de la República como forma de gobierno y como propuesta histórico-conceptual traducida en la tradición republicana, que se basa no sólo en la sepa ración de poderes y el equilibrio y contrapeso de éstos, sino en la idea central de igualdad apoyada en la ciudadanía. Tradición que después de Estados Unidos y Francia tuvo su mayor apogeo en la concepción independentista de las naciones hispanoamericanas a principios del siglo XIX. A cambio, Bolivia se ha convertido en un Estado plurina cional, cuyo eje son 36 naciones indígenas. La mayor, en un país de 10 millones de habitantes, la quechua, con dos millones y medio de personas, y la menor, la pakawara, con un total de 25 habitantes. La nueva Constitución con sagra todos los derechos alcanzados por los indígenas antes de 2006, al hacerlos explícitos (pues ya estaban reconocidos en la Constitución derogada) con un capítulo dedicado a las naciones indígenas (el 4°) y la mención de éstas en sus 411 artículos más de un centenar de veces.
La Carta Magna establece una categorización ciudadana que rompe la esencia del artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual todos los seres humanos nacemos iguales. El texto establece categorías ciudadanas diferenciadas por origen, lengua y color de piel. Sólo reconoce como naciones con el denominativo de “indígena originario campesino” (art. 3) a aquellas establecidas antes de “la invasión colonial española” (art. 30). El 47,7% de la población, no indígena, recibe el calificativo de “comunidades interculturales” (art. 3), estableciendo que, fuera del ámbito estrictamente urbano, los no indígenas están limitados en el ejercicio de algunos de los derechos que la propia Constitución reconoce, particularmente en lo referido al tema de recursos naturales. Es clave en este contexto la idea de que las naciones precoloniales, además de su dominio ancestral sobre sus territorios, tienen derecho a la “libre determinación, autonomía y autogobierno” (art. 2) y, lo más importante, tienen derecho a la “gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos renovables existentes en su territorio” (art. 30, 17). Para ocupar cualquier cargo público es obligatorio hablar castellano y una lengua nativa (el 67% de los bolivianos es monolingüe). Paradójicamente, el presidente Morales sólo habla castellano (de ahí una disposición transitoria por la que no se aplicará tal obligación hasta la siguiente elección, después de diciembre).
El texto incluye una innovación sin precedentes al reconocer en igualdad la justicia indígena, basada en usos y costumbres (no escrita y referida a 36 culturas diferentes), con el mismo rango que la justicia republicana (art. 179), con la diferencia de que la indígena es inapelable y de única instancia. No está claro aún cuál será el ámbito de jurisdicción de ambos sistemas. Establece también que las máximas autoridades del poder judicial (Tribunal Constitucional y Corte Suprema) se eligen por voto directo y deben tener obligatoriamente un porcentaje de representación indígena. Destruye la idea de irretroactividad de la ley, marcando la posibilidad, por ejemplo en delitos de corrupción, de juzgar un hecho de hoy con una ley aprobada dentro de un año.
La construcción de un Estado de autonomías, que dio lugar al equívoco internacional de que cuatro de los nueve departamentos buscaban separarse de Bolivia, enfrentó al país, dado que Morales se opuso a las autonomías cuando fueron votadas. Hoy las apoya tras la evidencia de que la tendencia mayoritaria es seguir el camino de las cuatro que la aprobaron en referéndum. Pero para curarse en salud debilita el poder de los gobiernos departamentales. La Constitución reconoce cinco niveles autonómicos: departamental, regional, provincial, municipal e indígena. Este último, aplicable en municipios, mancomunidades municipales o en tierras comunitarias de origen. Esta superposición geográfica, jurídica y política puede llevar a una colisión muy arriesgada y compleja en el momento de su aplicación. En esa misma línea, reconoce como “símbolos del Estado”, por tanto en iguales condiciones, dos banderas (art. 6): la tricolor –rojo, amarillo y verde–, creada el 17 de agosto de 1825, 11 días después de la declaración de independencia, y la wiphala, bandera multicolor que representa exclusivamente a quechuas y aymaras. De ese modo, el símbolo de una parcialidad (dos de las 36 naciones indígenas) cobra rango de símbolo de todos, lo que vendría a ser comparable, por ejemplo, a que la bandera del País Vasco fuera reconocida como símbolo del Reino de España en igualdad de condiciones que la bandera nacional española, lo que –como ocurre ahora en Bolivia– haría obligatorio en Andalucía que se izaran los dos pabellones, el español y el del País Vasco, por no mencionar el caso único de un Estado con dos banderas.
Dada la preeminencia de la cultura aymara y la influencia histórica de este pueblo que fue conquistado –antes de la llegada de los españoles– de manera violenta por el imperio incaico, está claro que el Gobierno de Morales busca una hegemonía aymara en la totalidad del territorio boliviano, absorbiendo al quechua que, en realidad, es parte de una mayoría aymara quechuizada por el sistema de aculturación impuesto por los incas y reafirmado por la Corona española. Aymaras y quechuas representan el 90,6% de la población indígena, las otras 34 naciones son apenas el 9,4%. Ambos pueblos, aymara y quechua, son el 48,3% de los bolivianos. La política del Gobierno es la de migraciones de comunidades andinas planificadas a corto plazo hacia el Norte, Este y Sur (regiones amazónica y chaqueña, que ocupan el 67% del total del territorio de Bolivia), continuando un proceso que comenzó con la Revolución de 1952 pero que Morales acelera de manera consciente. Éste es el elemento verdaderamente nuclear de lo que representa este proyecto histórico. A él se suma una política económica estatista, de economía planificada y de grandes restricciones a la inversión privada, sobre la idea endógena de desarrollo en un país con mínimo ahorro interno y bajísima presión tributaria.
La desastrosa política de hidrocarburos (Bolivia tiene importantes reservas de gas natural) de los últimos tres años casi ha sacado al país del juego energético regional. Ya no es un centro estratégico de distribución de gas. La congelación de las inversiones, la alta corrupción en la empresa estatal de petróleo (su anterior presidente y número dos del MAS está preso, acusado de haber recibido un soborno de casi medio millón de dólares por un contrato), la pseudonacionalización –que no tocó a una sola de las empresas transnacionales instaladas en Bolivia, pero que generó serias dudas sobre la seguridad jurídica del país– hicieron inviable hasta hoy un gigantesco contrato de exportación a Argentina. Perú está en plena construcción de una planta de transformación para exportar su gas al Pacífico, Brasil ha encontrado gigantescas reservas de este producto, Chile importa su gas de otras fuentes y, por si fuera poco, el principal aliado de Morales, Venezuela, desarrolla un megaproyecto de abastecimiento al Cono Sur. El referéndum sobre hidrocarburos (2004) y la nueva ley (2005), realizados antes de la llegada de Morales al Gobierno, el decreto de incremento de impuestos en 2006 y los espectaculares precios internacionales triplicaron las exportaciones de Bolivia y multiplicaron por cinco las reservas internacionales, garantizando un crecimiento medio del 4,5% del PIB y un superávit en los últimos tres años. A pesar de la caída de precios, el Ejecutivo aún tiene un margen de juego de crecimiento moderado en 2009 y 2010, pero su mayor problema es la negligencia, la falta de capacidad de gestión y de ejecución presupuestaria.
En suma, la combinación ideológica es la de un Estado con preeminencia indígena en su concepción y estructura, estatista a ultranza y fuertemente centralista en medio de la paradoja de un ensayo de construcción autonómica. No es otra cosa que la búsqueda de una utopía que quiere construirse mirando al futuro con el espejo retrovisor.
Pero la fuerza simbólica de Morales es todavía muy grande, más que suficiente para apuntalar una muy probable victoria en diciembre.
¿Y LA OPOSICIÓN?
Expropiación: la nacionalización de los hidrocarburos ha sido uno de los caballos de batalla de Evo Morales desde que asumió el poder.
La oposición jugó casi siempre a favor de este proyecto en una sociedad sometida a tensiones extremadamente grandes. A pesar de que Morales tardó tres años en imponer su proyecto de Constitución, por la acción de entrabamiento permanente de los opositores, el mayor problema de quienes se enfrentaron al Gobierno fue la incomprensión de lo que éste representaba. Más allá de cualquier consideración, Bolivia vive un momento de cambios profundos; el pasado no volverá y quienes se anclaron en la idea de recuperarlo para seguir con sus privilegios, como parte de élites que medraron sistemáticamente del Estado y de núcleos de poder con rasgos inequívocos de corrupción, tomaron un camino suicida. La respuesta al proyecto de hegemonía masista debiera ser la de preservar el republicanismo democrático, pero sobre la premisa inexcusable del cambio que contempla la inclusión y el respeto a la otredad, junto a un Estado moderno, descentralizado y de autonomías. Santa Cruz, la región más poderosa del país y con fuerte gravitación de contrapeso a La Paz (donde se encuentra la sede del Gobierno boliviano) y al escenario andino, tuvo un liderazgo que careció de visión nacional, que buscó exclusivamente salvar su propio proyecto y el de la región. La demanda autonómica, que obtuvo gran legitimidad en varias regiones, pecaba de un ideario conservador y fragmentario. Como si en Brasil las élites paulistas apostaran por resolver y liderar los temas de São Paulo y no a jugar el rol que por peso natural le toca a escala nacional.
Las acciones e iniciativas de Morales han dejado a la oposición anonadada. La derecha es incapaz de entender de qué va la cosa, y los sectores progresistas y adscritos a la necesidad de grandes transformaciones hasta ahora no ofrecen la posibilidad de arrebatarle al presidente, desde la democracia, la bandera del cambio. Porque no se puede olvidar que Morales avasalló a la Asamblea Constituyente y al Poder Judicial, y controló por las buenas o las malas el Legislativo, vulnerando elementos esenciales del funcionamiento democrático. Pero la oposición desde las regiones y desde el principal partido contrario al MAS, Podemos, del ex presidente Jorge Quiroga, intentó desestabilizar con modos no democráticos al Ejecutivo. Fue una acción inaceptable desde los puntos de vista ético y práctico. Pretendieron derrotar en su terreno al campeón de los bloqueos de carreteras, paros nacionales y cercos de ciudades. Una oposición desquiciada, que entre septiembre y octubre de 2008 tomó violentamente instituciones del Estado, impidió al presidente aterrizar en varios aeropuertos del país e incendió pequeños conductos de gas. El resultado fue una derrota en toda regla, aunque el saldo para el país fue una cincuentena de muertos, producto de la acción opositora y de la represión gubernamental.
El gran objetivo de la oposición para el próximo diciembre es lograr un candidato de unidad capaz de enfrentarse al presidente. Morales está apoyado por un voto emocional y de consigna en gran parte del área rural, y con un respaldo superior al 65% en el área urbana de la zona andina. Difícil desafío, que en un primer momento abre una baraja con más de una docena de precandidatos, cuyo único elemento en común es oponerse a Morales. Con un discurso como ese no parece que se apunte alto, aunque el Gobierno ha polarizado al país de tal manera que al menos un 30% votaría por cualquier candidato que sacara cabeza con alguna opción frente al oficialismo. Pero parece muy difícil combinar los elementos indispensables para salvar al país de un camino hacia el autoritarismo. Debería ser una candidatura para la coyuntura, basada en la hipótesis de lograr un segundo lugar que bloquee los dos tercios de Morales en la nueva Asamblea Legislativa; pero lo más importante es reconstruir un sistema de partidos devastado, sin el que es imposible hablar de democracia. Una democracia que celebre la inclusión y destierre el racismo increíblemente exacerbado en los últimos cuatro años, pero que a la vez devuelva el sentido de unidad que hoy está en cuestión, no por el riesgo de división, sino por las profundas heridas, resentimientos y prejuicios entre campo y ciudad, entre indígenas y no indígenas y entre Occidente y Oriente.
MORALES NO ES MANDELA
El error histórico de Morales es que no quiso ser Mandela, porque no entendió la tarea que le tocaba o porque, fiel a su lógica de dirigente sindical cocalero (el incremento exponencial de cultivos de coca y de producción de cocaína se ha convertido en un serio problema y puede erosionar las relaciones exteriores del Gobierno), creyó que la única manera de lograr el cambio era con la derrota total y definitiva del enemigo. Uno de los muchos peligros de ese razonamiento es meter en la bolsa de los adversarios a quienes son parte de una comunidad que en 2006 creyó que el presidente los representaba y que hoy sienten que los excluye.
Afirmarse negando y suponer que por negar lo negado desaparece es, simplemente, una ilusión. La historia, le guste o no a Evo Morales, tuvo un periodo prehispánico, colonial y republicano, y es de ella en su totalidad, de su brazo indígena y de su brazo occidental, de la que son hijos los 10 millones de bolivianos, no de sus retazos.
El autor: Carlos Mesa es ex presidente de Bolivia.

Fuente: MDZ Online

El mundo contra Chavez

Los opositores de Hugo Chávez protestan en varias ciudades del mundo

Desde Madrid a Sidney, Nueva York, París, Caracas y Bogotá, cientos de opositores a Hugo Chávez se han reunido para protestar contra la política de "intromisión" del presidente venezolano. Vestidos con camisetas blancas, los manifestantes han portado pancartas que leían No más Chávez, el lema que los organizadores han utilizado para convocar la protesta a través de las redes sociales de Twitter y Facebook.

La protesta nació de la indignación de cuatro grupos de jóvenes tras las declaraciones que Chávez hizo el pasado 23 de agosto en su programa dominical "Aló, Presidente", en las que acusaba a los colombianos de ser "traidores" y los invitaba a sumarse a su "doctrina bolivariana".

"El mundo está ya cansado de sus intromisiones y es el momento de hacérselo saber", ha señalado uno de los organizadores. En Madrid, un centenar de personas se ha reunido en la Plaza Mayor donde han coreado consignas como "No más Chávez" o "Se va, se va", al tiempo que han exhibido banderas venezolanas y han llamado la atención de los transeúntes con silbatos.

En Honduras, el presidente de facto, Roberto Micheletti, se ha sumado a la manifestación local cuando transcurría por un bulevar a centenares de metros antes de llegar a la Casa Presidencial en Tegucigalpa. Esta marcha es "una demostración de que no queremos imposiciones de nadie en este país", afirmó brevemente a los periodistas Micheletti, en el poder desde que un golpe de Estado derribó al presidente Manuel Zelaya el pasado 28 de junio.

Chávez, de gira por Siria, restó importancia a las protestas y las calificó de "estúpida". "Vaya y marche contra Chávez, porque no es contra Chávez, es contra los pueblos", indicó desafiante el presidente venezolano, en una rueda de prensa transmitida por la cadena Tele Sur.

Fuente: El pais.es

MAS INFO: nomaschavez.org

El mundo contra Chavez

Las manifestaciones en contra del presidente venezolano, Hugo Chávez, trascendieron las fronteras del país bolivariano y tuvieron replicas en varias ciudades del mundo. El empresario colombiano, Alejandro Gutierrez, fue el que impulsó las protestas a través de los portales sociales Facebook y Twitter luego de que el mandatario acusara a los colombianos de “traidores”.

Gutiérrez señaló que las protestas se desarrollaron "con éxito" en Madrid, París y Berlín. "Pensamos que van a salir muchas personas de todos los puntos del globo para manifestarse en contra del presidente Chávez. El mundo está cansado de sus intromisiones", sentenció el organizador.

En Bogotá casi 10 mil personas marcharon de blanco en contra de las políticas de Chávez y se registraron algunos incidentes con grupos de estudiantes universitarios que se manifestaron a favor del mandatario venezolano. En otras ciudades como Medellín, Cali, Bucaramanga Cúcuta, Cartagena y Barranquilla, se llevaron a cabo movilizaciones similares, aunque con menos asistencia y sin disturbios.
En tanto, en Venezuela centenares de opositores se reunieron pacíficamente frente al Parque del Este caraqueño para mostrar su disconformidad con las políticas "chavistas". "Chávez go home (Cuba)", rezaba una de las decenas de pancartas que portaban los manifestantes. En Maracaibo, Maracay, Maturin, Isla de la Margarita y Barquisimento también hubo protestas.

En tanto, los "chavistas" se reunieron desde la mañana en la Plaza Bolívar, en el casco histórico de Caracas, en una cantata con la que dieron inicio a la campaña mundial "En pie de paz", que se desarrolla en 50 países, según sus organizadores. La campaña oficialista se extenderá hasta diciembre y es una respuesta "de paz y de justicia".
Desde el gobierno chavista salieron a responder y minimizar las protestas. El embajador de Venezuela en Colombia, Gustavo Márquez, dijo que las marchas convocadas en contra del presidente bolivariano representan una campaña de "odio" y buscan "desviar la atención de asuntos medulares".

"El gobierno de Venezuela rechaza y repudia este tipo de movilizaciones que no contribuyen a la hermandad. Sólo sirven para echar más leña al fuego de las tensiones entre los dos países", dijo el diplomático en una entrevista con la radio colombiana RCN.
PROTESTAS EN AMÉRICA LATINA Y EUROPA. En Nicaragua decenas de miembros de seis organizaciones civiles lideraron las manifestaciones. "Hacemos nuestra la preocupación del mundo entero que reclama ¡No más Chávez! y exigimos al presidente (venezolano) que cese su intromisión en nuestro país", expresó Sofía Montenegro, representante de las organizaciones convocantes.

En Chile, militantes de los partidos de la oposición derechista Renovación Nacional (RN) y Unión Demócrata Independiente (UDI) se manifestaron ante la embajada de Venezuela en Santiago. Los manifestantes marcharon de forma silenciosa con banderas y pancartas donde se podía leer "Chávez dictador".

En España también hubo protestas. Casi un centenar de personas se concentraron en la plaza Mayor de Madrid para exigir el fin de la "dictadura" de Chávez. Mientras, en Barcelona, los manifestantes se congregaron en la plaza de Sant Jaume, en el centro de la capital catalana.

Duilio Pasariello, uno de los portavoces de la asociación nomaschavez.org, que promovió este acto en España, explicó que esta iniciativa surgió para denunciar el apoyo logístico y financiero que el Gobierno de Chávez presta a las FARC. "No queremos que destruya las relaciones de hermandad entre venezolanos y colombianos apoyando un movimiento que siembra la muerte en Colombia", dijo.

Fuente: Crítica

"El proyecto de radiodifusión es muy parecido a una ley de Chávez"

Adrián Ventura

LA NACION

"El proyecto de ley de comunicación audiovisual que impulsa el gobierno argentino es muy parecido a una ley venezolana. Es autoritario y le permitirá al Gobierno tener injerencia en los contenidos periodísticos y convertir en sirvientes a los medios privados. Busca crear un latifundio mediático estatal, un monopolio oficial", dice Asdrúbal Aguiar, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Aguiar, además de un conocido político de Venezuela, donde se desempeñó como gobernador de Caracas y ministro de Interior durante la última administración del presidente Rafael Caldera, es un fino jurista.

Es miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya, catedrático en varios países y, en reconocimiento a su labor a favor de la libertad de expresión, acaba de recibir el Gran Premio Chapultepec, que anualmente entrega la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Días atrás visitó nuestro país, y luego de disertar en la Cámara de Diputados ante integrantes de las comisiones de Comunicación y de Libertad de Expresión, Aguiar dialogó con LA NACION.

-El proyecto oficial afirma que pretende romper un monopolio privado, que no existe.

-En efecto. En realidad, es un proyecto que, si es sancionado, le permitirá al Estado tener injerencia decisiva sobre la libertad de expresión, en violación de lo que establecen la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia internacional. El proyecto parte del supuesto de considerar que el espacio radioeléctrico es del Estado y que éste lo puede concesionar, cuando los tratados, que las leyes no pueden desconocer, en realidad consideran que el espacio radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad. El Estado sólo puede establecer restricciones vinculadas con las frecuencias y canales, a efectos de no obstaculizar la radiodifusión.

-La iniciativa dice que defiende los medios públicos.

-Una cosa son los canales y radios públicas, de gestión independiente respecto del Poder Ejecutivo, y otra muy distinta es el intento de crear un latifundio mediático oficialista, cuyo objeto final es limitar el acceso de la población a la información. Fíjese lo que ocurre en Venezuela.

-¿Esta es la situación que vive actualmente su país?

-El gobierno del teniente coronel Hugo Chávez (no lo menciona como presidente) lo primero que hizo fue hacer sancionar una "ley mordaza" bajo el cínico nombre de ley de responsabilidad social de radio y televisión. Hoy, a través de ella, controla los contenidos y organiza los programas de las radios y televisoras privadas que quedan en pie, y cuando éstas discrepan del juicio oficial de conveniencia política las emisoras son sancionadas y sus directivos, perseguidos hasta penalmente. Con el apoyo de esa ley se cerró Radio Caracas Televisión, y el gobierno anunció el próximo cierre de Globovisión y Canal 33, a pesar de las medidas que a favor de estas plantas ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

-¿La ley argentina y la venezolana son similares?

-La ley venezolana también se funda en el criterio según el cual los usuarios del espectro radioeléctrico son meros concesionarios de un servicio público, de suyo totalmente controlable por el Estado. Recientemente, además, la fiscal general de la república propuso una ley de delitos mediáticos, a la par que el mismo presidente ordenó el retiro de las concesiones a casi 450 estaciones de radio hoy en manos privadas y continúa la práctica de la criminalización de la opinión. Ese es el llamado socialismo del siglo XXI, que es el mismo de los siglos XIX y XX y que de siglo XXI sólo tiene el uso perverso que hace de las autopistas de la información para su despropósito autoritario.

-¿Estamos frente a un escalón más alto de autoritarismo?

-Son "demoautocracias" o "autocracias electivas", que han surgido en la región y que buscan usar a la opinión pública como escenario de guerra para exportar su franquicia revolucionaria, como lo entiende Hugo Chávez. De allí que éste y sus socios avancen hacia el control de esa fuente real de articulación social y política contemporánea que son los medios de comunicación social, como sustitutiva de los partidos políticos.

-Si miramos el proyecto argentino, los primeros artículos dicen que el Estado busca defender la libertad de expresión.

-En realidad, cuando se lo lee entero, el proyecto hace todo lo contrario. Algunos artículos, repito, son muy parecidos a esa ley de Venezuela, aprobada en 2004 a instancias de Chávez. Esa ley y este proyecto argentino son de neta factura autoritaria.

-¿Podrá la Corte Interamericana ponerle límites a Chávez?

-La Corte dictó tres sentencias que declaran la responsabilidad de Venezuela por hechos ocurridos durante la última década de gobierno. Dos de esas sentencias condenan los atentados a la vida y a la integridad personal y las persecuciones que sufrieron periodistas y directivos de RCTV y Globovisión por parte del mismo Chávez. Y a petición de éste, recientemente, el máximo tribunal venezolano le sugirió por escrito retirarse de la OEA y denunciar tanto su Carta constitutiva como la Convención Americana, y por lo pronto le indica no acatar los mandatos ni de la Comisión ni de la Corte Interamericanas, cuyas sentencias son obligatorias.

-Volvamos a la ley argentina.

-Parece introducir un margen importante para la regulación de contenidos y, también, para perseguir a operadores privados. También busca fraccionar a los operadores privados, no para fomentar el pluralismo -como dice el proyecto- sino para debilitarlos y, curiosamente, los medios públicos quedan exentos de esos mismos límites. Llama la atención, ¿no le parece?

-El Gobierno llamó al diálogo y la oposición, en el Congreso, trata de revertir muchas delegaciones que entregó al Poder Ejecutivo para dictar reglamentos, por ejemplo, en materia de retenciones. Por eso, llama la atención que, al mismo tiempo, impulse un proyecto que autorizará al Poder Ejecutivo y a sus organismos a dictar muchos reglamentos.

-Sí, así es. El proyecto delega en el Poder Ejecutivo la atribución de dictar muchos reglamentos que, indirectamente, pueden venir a coartar la libertad de expresión. Por ejemplo, somete a los medios a múltiples organismos de control que están sujetos a la injerencia del Poder Ejecutivo.

-Hay muchos sectores progresistas que se entusiasman con la idea de contar con radiodifusión comunitaria.

-Quizá, porque imaginan casos como el de Uruguay o algunos otros países. Pero lo cierto es que en Venezuela la radiodifusión alternativa carece del soporte financiero y de recursos técnicos y es un apéndice del gobierno.

El gobierno de Venezuela ordena cerrar 34 radios

El gobierno de Hugo Chávez ordenó cerrar al menos 34 emisoras de radio en Venezuela, algunas de ellas críticas del mandatario, por considerar que han faltado a los requisitos legales para operar, según anunció ayer el ministro Diosdado Cabello, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

"Estas son las primeras 34 decisiones que tomamos (sobre un total de 240 emisoras) y tienen que ver todas con decisiones inmediatas", dijo. Es que otras 206 radios están en la mira del organismo por supuestos incumplimientos de leyes que regula el sector.

Cabello explicó que los motivos para dar de baja una emisora son: fallecimiento del titular de la concesión, renuncia, vencimiento de la licencia sin que haya habido proceso para su renovación, o porque se ha declarado improcedente una solicitud de cambio de titularidad.

El Ministro, uno de los más estrechos colaboradores del presidente Hugo Chávez, dijo que los afectados pueden acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia para apelar la medida.

Entre las radios suspendidas hay cinco emisoras de CNB, que forman parte de un circuito nacional con espacios de opinión críticos con el gobierno de Chávez. Sin embargo, otras de las afectadas son emisoras que se encontraban prácticamente extintas o que habían pasado a transmitir por Internet.

"Lamentamos que se pueda cerrar un medio sin el debido proceso", dijo Nelson Belfort, presidente de la Cámara Venezolana de la Radiodifusión y propietario de las cinco emisoras afectadas.

Belfort declaró a la televisora de noticias Globovisión que no entendía porque se anunciaba "un procedimiento de esa violencia" durante la noche del viernes. "No sé cual es la urgencia para hacerlo", afirmó el directivo. "Es el costo que uno tiene que recurrir por defender la libertad de expresión", añadió.

Delitos mediáticos. Estos hechos se enmarcan dentro de la discusión que lleva adelante el Congreso sobre una ley que establece nuevos "delitos mediáticos", que castiga con hasta cuatro años de prisión la difusión de noticias "falsas" que causen un "perjuicio a los intereses del Estado" y "la manipulación o tergiversación".

Agencias AFP, AP y Diario El Nacional

Otro embate de Chávez contra la prensa

CARACAS.- Un día después de que su proyecto de ley de "delitos mediáticos" fuera denunciado como un ataque frontal a la libertad de expresión por organizaciones de prensa y de derechos humanos, el presidente izquierdista Hugo Chávez fue un paso más allá: sacó ayer a 34 emisoras radiales del aire y advirtió a otras 200 que podrían perder su licencia.

La decisión, calificada de "despótica" por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), fue repudiada por la oposición, por la Iglesia Católica, por los dirigentes empresariales y en varias manifestaciones que reunieron a centenares de personas alrededor de las emisoras sacadas del aire.

El nuevo embate contra la prensa se produjo horas después de que la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, aprobara una polémica ley electoral que establece que el partido político más votado tendrá una cifra de bancas superior al porcentaje de votos que obtenga en la elección. Según se estima, beneficiará al chavismo en desmedro de los partidos más pequeños. Opositores a Chávez y analistas advirtieron que la reforma da una clara ventaja al oficialismo de cara a las elecciones de congresistas, concejales y miembros de juntas parroquiales, previstas para el año próximo.

El experto electoral Vicente Bello, del partido opositor Un Nuevo Tiempo, dijo que "en el sistema de mayorías [...] el que gana se lo lleva todo".

"No es que hemos cerrado emisoras de radio [...]. Las hemos recuperado. Ahora son del pueblo y no de la burguesía", dijo Chávez al explicar la ofensiva contra las radios, y agregó que la medida "forma parte de la lucha contra [...] las mentiras de la burguesía y la oligarquía". Pero el director de la organización de defensa de la libertad de expresión Espacio Público, Carlos Correa, denunció que se intenta "fracturar los circuitos de transmisión [...] de contenidos críticos".

"Estamos asistiendo al mayor dispositivo restrictivo a la libertad de expresión que se haya visto en Venezuela, sin precedente en la época democrática", añadió.

Correa recordó que las acciones contra las emisoras se producen mientras en el Parlamento se debate una ley de "delitos mediáticos", que contempla penas de hasta cuatro años de prisión para quienes difundan noticias "falsas" que causen "perjuicios a los intereses del Estado", y que fue considerada un ataque frontal a la libertad de expresión por organizaciones locales e internacionales de prensa y de derechos humanos.

El cierre de las emisoras se concretó mientras crecen los temores de que se concrete la clausura del canal opositor Globovisión, al que el gobierno acusa de "mentir y de conspirar en forma sistemática". En 2007, el mandatario no renovó la concesión al canal RCTV, muy crítico de su gestión.

Rechazo

Las emisoras finalizaron sus transmisiones ayer por la mañana, al recibir una intimación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), y centenares de personas se concentraron alrededor de sus sedes en Caracas y otras ciudades para manifestar su rechazo a la iniciativa.

Por su parte, el ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, justificó la ofensiva contra las emisoras radiales al afirmar que es una decisión meramente administrativa y descartar que se trate de un acto de censura.

Explicó que las causas para retirar la frecuencia a estas emisoras radiales son fallecimiento del titular de la concesión, renuncia, vencimiento de la licencia sin que haya habido proceso para su renovación, o porque se ha declarado improcedente una solicitud de cambio de titularidad.

Conatel realizó el mes pasado un censo de las emisoras de radio que funcionan en el país, para el que se solicitaba a las concesionarias que presentaran la documentación que avala la vigencia de su licencia.

Según el organismo, 240 radios y 45 canales de TV no acudieron a entregar la documentación pedida, y por ello deberán salir del aire. En Venezuela, hay unas 900 emisoras de radio, de las cuales 300 son comunitarias.

Cabello insistió en que la medida es legal y que muchos de los afectados tienen 10 o hasta 20 emisoras y que hay muchas personas "en cola" solicitando concesiones, que se les entregarán rápidamente para reemplazar las radios cerradas.

Por su parte, la ministra de Información, Blanca Eekhout, que ha denunciado una campaña de prensa internacional "destinada a satanizar a Chávez", dijo ayer que es necesario sancionar "el delito mediático".

"Si no, estaremos completamente vulnerables", opinó.

Actualmente, el gobierno cuenta con una amplia red de medios afines. La oposición denuncia que, en lugar de informar verazmente, estos medios están al servicio de Chávez y de su proyecto de implantar el "socialismo del siglo XXI" en la región.

Del grupo de emisoras que salieron del aire ayer, la más importante es la CNB -con radios en Caracas, Valencia, Maracaibo, San Cristóbal y Coro-, que mantenía espacios de opinión críticos y que ayer comenzó a transmitir por Internet ( www.cnb.com.ve ).

Agencias AFP, Reuters y diario El Nacional

LA ÚLTIMA OFENSIVA

MARTES 12 DE MAYO

Inspección a medios

• El gobierno dicta una resolución que lo habilita a realizar una serie de inspecciones en radioemisoras y canales de TV.

VIERNES 22 DE MAYO

Allanamiento

• Allanan la casa del presidente del canal Globovisión, Guillermo Zuloaga (foto).

MARTES 25 DE MAYO

Inquietud de EE.UU.

• El Senado norteamericano critica el "hostigamiento" a Globovisión.

VIERNES 5 DE JUNIO

Millonaria multa

• El fisco multa a Globovisión por 2,3 millones de dólares.

VIERNES 4 DE JULIO

Cierre de emisoras

• El ministro Diosdado Cabello (foto) anuncia el retiro de concesiones a 240 radioemisoras.

JUEVES 30 DE JULIO

Proyecto polémico

• El gobierno propone una ley para penar "delitos mediáticos".

VIERNES 31 DE JULIO

Justificación

• La ministra Blanca Eekhout (foto) denuncia una campaña mundial para "satanizar a Chávez".