lunes, 31 de agosto de 2009

Histórico triunfo opositor en Japón



TOKIO.- Una nueva era política comenzó ayer en Japón, la segunda economía del mundo, tras la histórica victoria del opositor Partido Democrático de Japón (PDJ), de centroizquierda, que desplazó del poder al Partido Liberal Demócrata (PLD), conservador, que ha gobernado el país casi ininterrumpidamente durante los últimos 54 años.

El partido que lidera Yukio Hatoyama, futuro primer ministro del país, logró una mayoría absoluta de por lo menos 308 de los 480 escaños que integran el Parlamento. El PDL, del primer ministro Taro Aso, obtenía 119 asientos, casi un tercio de los que tenía en la anterior legislatura.

Los comicios tuvieron una participación récord del 70% de los 110 millones de japoneses habilitados para votar, una muestra de la frustración de los votantes por la economía japonesa, que se encuentra sumida en una de sus peores crisis desde la Segunda Guerra Mundial.

La aplastante derrota de ayer del PLD hizo que Aso anunciara horas después del cierre de las urnas su renuncia a la presidencia del partido que sólo se alejó del poder durante 10 meses, entre 1993 y 1994.

"El resultado es muy grave y creo que debemos reflexionar. Por mi parte, asumo la responsabilidad de la derrota. Rápidamente organizaremos las elecciones para la presidencia del partido", dijo Aso, que no llegó a cumplir un año en el poder (asumió el 24 de septiembre pasado) y cuyo gobierno enfrentó el estallido de la debacle económica mundial.

De todos modos, Aso, representante del ala más conservadora del PLD y que en los últimos meses batió récords de impopularidad, seguirá al frente del gobierno hasta el nombramiento de Hatoyama, el 14 de septiembre.

El PLD ha sido blanco de fuertes críticas por su mala gestión en medio del estancamiento económico y por una sucesión de escándalos de corrupción. Su derrota marca el fin de una era dominada por una fuerza política confundida durante décadas con el Estado y criticada por sus clientelismos, pero a la que no se le puede negar un éxito sin parangón en un país industrializado.

Fundado en 1998 por disidentes del PLD y sin experiencia en el gobierno, el PDJ llega al poder con mayoría absoluta en el Parlamento y, por lo tanto, con suficiente apoyo popular para emprender su ambicioso programa de reformas, que incluiría controvertidos cambios en la política de seguridad de Tokio.

"Creo que los resultados electorales reflejan el enojo de los votantes con la coalición gobernante", dijo tras conocer los primeros datos Hatoyama, que pertenece a una familia de políticos japoneses que incluye a su abuelo, ex primer ministro; a su padre, ex canciller, y a su hermano menor, ex ministro del Interior.

Durante la campaña, Hatoyama había prometido acabar con "una era de políticas irresponsables de los burócratas" conservadores y ayudar a los más afectados por el colapso económico, principal desafío que le espera al futuro gobierno.

Entre las mayores preocupaciones del PDJ se encuentra la situación que atraviesan las familias con niños, los jubilados, los desempleados y los agricultores. Para esos grupos, Hatoyama prometió durante la campaña un aumento en los aportes económicos por hijo, el fin de los impuestos para las escuelas superiores y las autopistas, además de un sueldo mínimo para los agricultores y los jubilados.

Deudas y desempleo

Sin embargo, algunos expertos económicos dudan de que se pueda financiar ese costoso programa, en parte por el fuerte endeudamiento del país.

Uno de cada tres empleos en Japón es de contrato temporal y el desempleo ha crecido a cifras récord que remiten a la posguerra. Se suma la pérdida de protagonismo internacional por parte de Tokio, espacio que podría ocupar China, que el año próximo desplazaría a Japón como segunda potencia económica mundial.

El aplastante triunfo de Hatoyama fue calificado de "histórico" por la Casa Blanca, que destacó que el presidente norteamericano, Barack Obama, tiene una "alianza fuerte" con el futuro primer ministro japonés.

"El pueblo de Japón participó en unas elecciones históricas. Como amigo y aliado, Estados Unidos espera la formación del nuevo gobierno japonés", subrayó el comunicado oficial del Salón Oval.

La rápida reacción de Washington ante el triunfo opositor en Japón fue un claro intento de despejar los temores a un eventual enfrentamiento con el próximo gobierno, ya que Hatoyama ha afirmado que quiere que la seguridad de Japón sea en el futuro menos dependiente de Estados Unidos, que mantiene en el país a unos 50.000 soldados. Unos 8000 de esos militares, estacionados en Okinawa, serán desplazados a la isla norteamericana de Guam debido al fuerte rechazo de los japoneses a esa presencia tras una ola de violaciones y asesinatos.

"No es deseable una seguridad nacional que mantenga a Japón subordinado a Estados Unidos", dijo el líder opositor en febrero pasado, en referencia a un eventual cambio de la Constitución pacifista redactada durante la ocupación estadounidense en 1946, declaraciones que alumbran el estilo de su futuro mandato.

En 2005, Hatoyama presentó un proyecto de reforma constitucional que permitiría a Japón, que sólo cuenta con fuerzas de defensa, dotarse de su propio ejército, defender su seguridad y ampliar su presencia militar en misiones de paz.

Agencias DPA, ANSA, Reuters, AP y EFE

PELIGRAN LAS BANCAS DE LOS BARONES DEL PLD

  • TOKIO (EFE).- La debacle electoral del Partido Liberal Demócrata (PLD) de Japón también golpeó a ex primeros ministros y altos funcionarios pertenecientes a la poderosa agrupación política. El actual ministro de Finanzas, Kaoru Yosano, y su predecesor Soichi Nakagawa perdieron en sus respectivas circunscripciones. El ex primer ministro Toshiki Kaifu tuvo que ceder su asiento por asignación directa. El ex canciller y vocero del gobierno Nobutaka Machimura tampoco consiguió los votos necesarios para hacerse con un escaño correspondiente al distrito 5 de Hokkaido.

miércoles, 26 de agosto de 2009

Uribe, más cerca de un tercer mandato

BOGOTA.- En medio de denuncias sobre las supuestas dádivas ofrecidas por el gobierno, el Congreso colombiano debatía anoche un controvertido proyecto de ley que le abriría las puertas al presidente Alvaro Uribe a un tercer mandato.

La Cámara de Representantes discutía anoche la iniciativa, que ya fue aprobada por el Senado la semana pasada, y que contempla la convocatoria a un referéndum en el que los colombianos deberán decidir si quieren una reforma constitucional que autorizaría una segunda reelección del mandatario.

Para que el proyecto sea aprobado se requieren 84 votos como mínimo. El ministro del Interior, Fabio Valencia, dijo momentos antes del comienzo de la reunión que la coalición oficialista tiene asegurados por lo menos 91 sufragios.

Sin embargo, pese al entusiasmo del gobierno, la antesala de la votación estuvo marcada por una fuerte polémica: varios congresistas presentaron impedimentos para votar y otros hicieron saber sus temores a ser investigados por votar una norma cargada de objeciones legales.

De ser aprobado por la Cámara de Representantes, la iniciativa oficialista deberá pasar a la Corte Constitucional, tribunal que dictaminará si su trámite se dio sin vicios de fondo y forma.

El plan para convocar al referéndum ha estado salpicado de denuncias sobre irregularidades desde que comenzó, a mediados de 2008, con la recolección de casi 5 millones de firmas promovida por el llamado Partido de la U (Social de la Unidad Nacional, de centroderecha), uno de los seis que conforman la coalición que respalda a Uribe.

Los opositores Partido Liberal (centro) y Polo Democrático (izquierda) denunciaron el otorgamiento de dádivas a congresistas, como mayores presupuestos para sus regiones y el otorgamiento de cargos a cambio de votos.

La última denuncia la presentó ayer el precandidato liberal Rafael Pardo, que acusó al gobierno de recurrir a unos 110 millones de dólares de un fondo destinado a seguridad ciudadana para comprar votos.

El gobierno, a través de varios de sus ministros, desestimó esas denuncias, que están siendo investigadas por la Procuraduría colombiana.

Decenas de congresistas y ex congresistas han sido investigados en los últimos meses porque supuestamente recibieron dádivas a cambio de votar en favor de la reforma constitucional que posibilitó la primera reelección de Uribe, en 2006.

El trámite del referéndum también ha provocado tensión entre Uribe y la jerarquía de la Iglesia Católica, que advirtió al mandatario de la inconveniencia de aferrarse al poder. "Dos períodos son suficientes", señaló el mes pasado el cardenal y arzobispo de Bogotá, Pedro Rubiano, aliado tradicional del gobierno, al pedirle a Uribe que no se presente a una nueva reelección.

Incluso el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuestionó ante el propio Uribe, su principal aliado en la región, la reforma que permitiría al mandatario colombiano buscar un tercer mandato. Durante un encuentro en Washington, el 29 de junio pasado, Uribe respondió que su objetivo no es perpetuarse en el poder sino dar continuidad a su política de "seguridad democrática" contra la guerrilla y el narcotráfico.

La guerrilla y la economía

Los éxitos en la lucha contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y un manejo económico que le ha permitido al país mantener las más altas tasas de crecimiento de su historia le han granjeado a Uribe una alta popularidad interna. El mandatario, que goza de un respaldo del 68% de la población, por el momento ha evitado responder a los pedidos que dirigentes del oficialismo y empresarios le han hecho para que defina si será candidato en los comicios de mayo de 2010. El presidente se ha limitado a afirmar que tiene "una encrucijada del alma".

Uribe ganó las elecciones presidenciales de 2002 y desde el poder impulsó una polémica reforma constitucional para permitir su reelección, que finalmente obtuvo en 2006. En ambas elecciones triunfó en primera vuelta y de manera contundente.

Fuente: La Nación / Agencias AFP, EFE, ANSA y Reuters

martes, 25 de agosto de 2009

Más allá del enojo con los Kirchner, es llamativa la confusión en la opinión pública

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Revista Imagen). Un conjunto de datos negativos sobre la imagen de gestión del Gobierno, con un crecimiento de la pobreza que, de acuerdo a la Iglesia Católica ”adquiere niveles de escándalo”, a lo que se suma la crisis no resuelta con el campo, augurios poco optimistas sobre su futuro, y altos índices de inseguridad y desempleo, resultan la contracara de un espejo en el cual el matrimonio gobernante, a menos de 2 meses de su derrota electoral en las legislativas, se exhibe ejerciendo el poder como si el resultado de los comicios del 28/06 fuera apenas un hecho anecdótico. Por ello resultan tan ilustrativos los guarismos que arrojó una encuesta elaborada por un equipo que conduce Raúl Aragón, de la Universidad Interamericana (UAI), que revelaron una brusca caída en la imagen de gestión del Gobierno, en poco más de 1 año y medio, tal como ocurrió con el ex presidente Fernando de la Rúa, aunque en contextos económicos y políticos extremadamente distintos..

A la pregunta '¿Cómo juzga la gestión de gobierno de la presidente Cristina Kirchner?', respondieron,

> En todo el país,

Muy Bien, 2,8%;

Bien, 12,3%;

Regular, 44,2%;

Mal, 18,9%;

Muy Mal, 17,7%;

No sabe/No contesta, 4,1%;

> En la Capital Federal,

Muy Bien1,8%;

Bien, 9,7%;

Regular, 46,8%;

Mal, 20,8%;

Muy Mal, 16,2%;

No sabe/No contesta, 4,5%; y

> En el Gran Buenos Aires,

Muy Bien, 3,5%;

Bien, 14,5%;

Regular, 42%;

Mal, 17,3%;

Muy Mal, 18,9%;

No sabe/No contesta, 3,8%.

Sin embargo, desde el llamado al 'diálogo' -que, a esta altura, casi toda la oposición califica como una escenificación para retomar la agenda política-, el matrimonio gobernante parece estar cumpliendo a rajatabla aquel anticipo de Néstor Kirchner cuando, en la madrugada del 29/06, luego de admitir a regañadientes el triunfo de Francisco De Narváez en la provincia de Buenos Aires, anticipó que se iba a profundizar el modelo.

La cuestión de la concurrencia o no al 'diálogo' de parte de las fuerzas opositoras, además de generar un violento temporal entre los integrantes de la Coalición Cívica, de acuerdo al estudio de la UAI, también dejó mal parada a Elisa Carrió, a pesar de que la dirigente opositora acertó con su pronóstico cuando sospechó de la repentina hospitalidad del oficialismo derrotado en las urnas y dijo que no iría porque era “una farsa”. Al respecto, en dicho relevamiento de opiniones, 50% de los entrevistados respondió no estar al tanto de lo que dijo Carrió acerca de la convocatoria oficial al diálogo y, en la otra mitad, superó el 40% de respuestas el apoyo a la líder de la CC.

Al responder a la pregunta '¿Cree Ud. que la convocatoria al diálogo que hizo la Presidenta es una apertura a un diálogo serio y sincero de su parte?',

43,2% dijo que No;

16,4% respondió Sí;

11,7% contestó Relativamente, y

28,7% quedó agrupado en No Sabe/No Contesta.

Sin embargo el apoyo a la posición de Carrió evidencia una cierta incoherencia entre las apreciaciones de los entrevistados ya que sólo el 25,1% dijo que “Carrió tiene razón”, mientras que 67,3% se inclinó por responder “Siempre se debe aceptar la invitación al diálogo”.

En este mar de confusiones entre imagen del Gobierno y gestión, surgido del escenario poselectoral, Revista Imagen consultó a dos expertos en marketing político:

> Carlos Fara, de Carlos Fara y Asociados, con una vasta experiencia en consultoría y encuestas de opinión dentro y fuera del país; y

> Rodrigo Lugones, socio de la consultora Durán Barba y Asociados, responsables de la más reciente campaña electoral de Unión-PRO y asesores permanentes del marketing de gestión de Mauricio Macri.

Acerca de la imagen de gestión del Gobierno que, en la encuesta de Aragón sólo alcanza 15% de calificaciones positivas, Lugones prefiere trazar una diferenciación entre los números y la interpretación del interesado: “Un estudio de opinión pública es como un hemograma: los números son objetivos, pero cada médico tendrá una lectura personal de ellos, basada en estudios, años de práctica y experiencia, generando diagnósticos diversos. Es probable que en el Ejecutivo lean la caída de imagen de la Presidenta y su gestión y, su diagnostico sea distinto al que hace el resto de la sociedad; llevándolos a profundizar su forma de gestión, y cómo tratar a los distintos actores sociales”.

Fara, por su parte, planteó: “Una cosa es el poder político efectivo, institucional, y otra es lo que piensa la gente del gobierno. Lo 2do. influye sobre lo 1ro., sin duda, porque cuando el barco se hunde, hay más tendencia a saltar”.

La realidad hasta hoy señala que hubo errores de pronóstico y hasta un exagerado optimismo en sectores de la oposición, aventurando un cambio significativo en el discurso y en la acción de gobierno.

Sin embargo, el escenario poslectoral está lejos del que imaginaron.

Lugones lo sintetiza en la distancia que hay cuando el Ejecutivo tiene por delante casi 30 meses de gestión: “Si seguimos los estudios de opinión publica, el Gobierno no mejoró su relación con la gente. La ciudadanía sigue teniendo una mala percepción de ellos y su gestión. Han ganado tiempo, pero no faltan dos minutos para que termine el partido.Falta todo el 2do. tiempo…”.

Para Carlos Fara, la clave surge del panorama que ofrecen las opciones alternativas, que “no está claro, ni lo estará por mucho tiempo”.

Por eso, él afirma, el Gobierno juega sus propias cartas y “le resulta más sencillo seguir disciplinando a su tropa. Creo –destaca- que pocos están convencidos del proyecto, perotratarán de seguir sacándole jugo mientras los K manejen la lapicera”.

El realineamiento político en torno al kirchnerismo parece garantizado, a pesar de los sofocones que amenazaron su estrategia de supervivencia tras la derrota electoral, como fue la fuerte resistencia social al tarifazo energético y su vuelta atrás sin más trámite.

Según todos los indicios, el éxito del gobierno reagrupando fidelidades que parecían irrecuperables para prorrogar una vez más los cuestionados superpoderes, nuevamente surgió del poder de la caja.

Por eso Fara señala que la clave sigue siendo “quién tiene la firma para distribuir los fondos y generar así numerosas sorpresas que no estaban en los cálculos de muchos analistas después del 28/06”.

Lugones: “Tal como están evolucionando los eventos en la Argentina, hablar a un mes ya es casi largo plazo y, a un año, es de ciencia ficción. Si hablamos de lo que uno desearía, seguramente que la pareja gobernante cambie el análisis que hace del resultado electoral -70% eligió no acompañarlos-, y que abra su circulo de discusión y escuche, para evitar uno de los mayores facilitadores de las grandes crisis: el pensamiento de grupo”.

Fara, por su parte vislumbra que el éxito legislativo de los Kirchner, uno de cuyos mayores afectados nuevamente será el sector agropecuario, ésta vez tendría plazo fijo: “La oposición podría voltearlos a partir de marzo de 2010, con la nueva composición de las cámaras y cuando se inician las sesiones ordinarias. Es cierto que por estos días habrá una victoria del Gobierno, pero no cambia la esencia de la cuestión: el cansancio popular".

Otro encuesta significativa que realizó la UAI fue el 10/07, con un universo de 1.038 personas en todo el país, para consultarlos sobre quien sería el próximo Presidente. Procesados los datos subieron al podio con 19,9% cada uno Julio Cobos yMauricio Macri.

Lejos de ellos, con 7,2% se mencionó a Carlos Reutemann, y más atrás aún, fueron mencionados Néstor Kirchner con 3,8% de las respuestas y su esposa Cristina con 2,7%, detrás de De Narváez, que alcanzó el 3,3% de los pronósticos.

Cabe señalar que sumaron 37,2% las respuestas que se abstuvieron con el consabido no sabe, no contesta.

A la hora de analizar el horizonte inmediato, Carlos Fara: “En materia política, el escenario le dará la razón a los que dicen que hay que esperar a diciembre para hacer las movidas importantes, y no gastar capital político ahora, cuando el gobierno sigue teniendo mayoría, solo para mostrar que se está activo. Me parece que la oposición pensará dos veces antes de plantear otros debates que tenía en agenda para el corto plazo”. El desafío de los próximos meses en la transición hacia el nuevo Parlamento permitirá comprobar si, tal como dicen desde las filas oficiales, a pesar de la caída en la imagen del Gobierno: “el poder sigue intacto” o, como auguran en la oposición, “la falta de fondos, sobre todo en las provincias, obligará al kirchnerismo a barajar y dar de nuevo”.

Fuente: Urgente 24

domingo, 23 de agosto de 2009

Pasaría a depender del Estado la financiación de la política


Por Mariana Verón

Apurado para que se lo debata antes del recambio legislativo, el Gobierno aceleró la redacción del proyecto de reforma política con el que quiere aplicar una drástica limitación al financiamiento privado de las campañas políticas: la Casa Rosada pretende prohibir la inversión en publicidad televisiva, un gasto al que se destinan las mayores sumas en todas las campañas electorales.

La reforma contemplará que los espacios para avisos audiovisuales sean sólo los que cede el Estado a través del reparto oficial de segundos, que se define por sorteo en cada período electoral, según indicaron altas fuentes del Gobierno. Esa es una de las novedades que surgieron en la ronda de encuentros con los partidos políticos, lanzada por la Presidenta después de la derrota del 28 de junio.

El matrimonio Kirchner, en su afán de controlar el peronismo, avanzará también con la idea de convocar a elecciones primarias para definir candidatos con una iniciativa que imita el sistema que se aplica en Estados Unidos, es decir, por estados. El proyecto contempla dividir el país en cuatro regiones, una idea que acercó la oposición. Con el manejo de la obra pública hacia las provincias en manos de la Casa Rosada, el oficialismo se garantiza así una ventaja en el interior.

Según dijeron a La Nacion el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el subsecretario de Asuntos Políticos, Norberto García, que trabajan en la redacción con el ministro del Interior, Florencio Randazzo, el Gobierno buscará el acuerdo de la oposición para prohibir el gasto en televisión y radio financiado de manera privada, que cada campaña se lleva entre el 70 y 90 por ciento del total de la inversión. Este año hubo cifras millonarias. Tanto Francisco de Narváez como Néstor Kirchner hicieron un cálculo de gasto en propaganda cercano a los 13 millones de pesos, según la última rendición de cuentas presentada ante la Cámara Nacional Electoral.

Con esta medida, los candidatos no podrán invertir en televisión, aunque sí se mantendrá el financiamiento privado para el resto de la campaña. "Vamos a restringir la publicidad audiovisual al máximo", planteó Abal Medina, y confió en que el Gobierno impulsará que fuera solamente a través del reparto oficial. Según establece la ley, para elecciones presidenciales hay disponibles 600 horas para la televisión.

La Casa Rosada sostiene que el debate está abierto a las propuestas opositoras y quiere que los cambios lleguen al Congreso en noviembre, para ser aprobados antes del 10 de diciembre. En todo este esquema, el oficialismo correrá con ventaja: siempre estarán los actos institucionales de la Presidenta para poder mostrar, que en cada campaña generan polémica.

Otra de las propuestas que surgieron en los encuentros, y que el Gobierno podría impulsar, es regular la participación de candidatos en los programas periodísticos. Una rareza: en la última campaña, el ex presidente dio, por propia elección, muy pocas entrevistas y es costumbre del matrimonio no participar de ningún programa.

Por el peronismo

Más allá de las fuertes restricciones a los gastos proselitistas, lo que más promueve la Casa Rosada son las elecciones internas de candidatos. El proyecto, que copia una parte del sistema norteamericano, lo acercó nada menos que el senador por San Luis Adolfo Rodríguez Saá, y Cristina Kirchner comentó en su viaje a Quito y Caracas, la semana pasada, que lo quiere instalar.

Sea que compitan solos o con otros postulantes, nadie podrá presentarse a las elecciones nacionales sin antes haber pasado por las internas, que se harán en cuatro regiones del país, prevén en el Gobierno. Quienes no tengan competidores necesitarán revalidar su candidatura con el 3% del padrón, con lo que también se achicará la cantidad de partidos que queden en la grilla de presidenciables.

La premura del Gobierno en aprobarlo antes del recambio legislativo obedece a la necesidad del ex presidente de garantizarse el mecanismo legal para provocar, envalentonado por los últimos triunfos legislativos. Imagina que con la base del 30 por ciento que sacó en la elección de junio ?y el manejo del PJ bonaerense? otros peronistas tendrán miedo de enfrentarlo dentro del partido, si él deseara presentarse. Llámese Carlos Reutemann, Felipe Solá o hasta Mauricio Macri, deberán disputarle el poder mano a mano a Kirchner, todavía en control de las arcas estatales hasta 2011, dicen en el oficialismo.

"Esto obliga a federalizar la campaña. Los candidatos tendrán que ampliar sus discursos para ganar las respectivas regiones", indicó Abal Medina.

El borrador contempla que se hagan cuatro elecciones internas a lo largo de dos meses, en las regiones en las que se divida el país, y un mes antes de los comicios generales.

El modo de votación es el capítulo más complejo. La Casa Rosada dice mostrarse dispuesta a incorporar la boleta única, pero sólo para el caso de elecciones presidenciales. Por el momento parece más una actitud para no enfrentarse de antemano con la oposición, que había instalado el debate en medio de la campaña anterior, y el Gobierno lo había descartado de plano.

En el caso del voto electrónico no hay entusiasmo. "Está cuestionado en muchos países, como Alemania. Pero se puede estudiar", dijo García. Pero los funcionarios encuentran una excusa perfecta para descartarlo: que requiere una inversión millonaria. Y son tiempos de crisis.

LOS CAMBIOS

  • Financiamiento : el Gobierno pretende eliminar la propaganda política pagada con fondos privados en los medios audiovisuales. Se restringirá a los minutos que ceda el Estado.

  • Internas : se instalará un sistema similar al norteamericano de elecciones primarias y obligatorias. En lugar de hacer un comicio por cada provincia, se dividirá el país en cuatro regiones. La diferencia es que aquí sería obligatorio el voto.

  • Boleta única : la Casa Rosada sólo está dispuesta a incorporarla para elecciones presidenciales. En cuanto al voto electrónico, hay mayor resistencia.

  • Al Congreso : las reuniones con los partidos terminarán esta semana y comenzará el debate técnico con organizaciones y la justicia electoral.

SIN ELECCIONES INTERNAS EN CÓRDOBA

  • CORDOBA. El PJ y la UCR de Córdoba lograron despejar la tormenta que se avecinaba en las dos fuerzas políticas, al acordar la suspensión de sus respectivos comicios internos. El gobernador Juan Schiaretti logró así algo de oxígeno, ante la ofensiva en el partido de José de la Sota, su antecesor, que culpa a la conducción del PJ de la derrota de junio.
  • Fuente: La Nación