La campaña de Papa Pitufo

Populismo de derecha en Europa. Ante el discurso del miedo

Son carismáticos, aprendieron a medrar con el temor a la inmigración musulmana y se dicen defensores de los valores europeos. Los populistas de derecha, una versión renovada de la vieja guardia xenófoba, son un fenómeno político en ascenso que con su discurso islamofóbico, en plena crisis económica, suma voluntades y ya preocupa a las fuerzas moderadas.

Es un político que dice no tener nada contra los musulmanes y que sólo odia al islam. Es un hombre carismático, de pelo rubio, casi blanco. Es elegante y elocuente, el tipo de político que llena de temor a los partidos políticos mayoritarios.

Se trata de Geert Wilders, un político holandés de una estirpe que se extiende por el continente: un populista que alienta el odio contra el islam y contra el establishment, y que les ha quitado muchos votos a los partidos tradicionales de su Holanda natal. Tantos, que estos partidos prácticamente no pueden formar gobierno sin darle una participación en el poder.

Wilders es la figura central de un movimiento que crece en Europa desde hace años, que se extiende por los parlamentos y los gobiernos, y que ha logrado tanto la prohibición de los minaretes en Suiza como de los burkas en Bélgica. Es una especie de rebelión popular contra el islam, encabezada por políticos y periodistas de derecha, que se presentan como gente dispuesta a expresar un sentimiento que nadie se atreve a transmitir: que los musulmanes socavan las bases de Europa y que es necesario salvar a Occidente.

Wilders ahora tiene un émulo incluso en Alemania, donde el populismo de derecha no tenía todavía un marco partidario: René Stadtkewitz, de 45 años, un hombre bien vestido, de pelo corto, expulsado hace poco del comité berlinés de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), de centroderecha, a la que representó en el Parlamento de Berlín. Ahora fundó un nuevo partido, Die Freiheit (Libertad), inspirado en el Partido de la Libertad, de Wilders.

Mientras come un cuscús marroquí en el comedor del Parlamento local, Stadtkewitz dice que el reclamo de "Geert" de que se imponga un impuesto al velo islámico en Holanda es una gran idea. "El islam será una religión -dice-, pero principalmente es una ideología que se opone a todo lo que nos importa." Pero Stadtkewitz está apurado. Está por dar un tour de Berlín a la TV holandesa. Quiere mostrarles la sociedad musulmana paralela que, supuestamente, los medios alemanes ocultan.

También en Alemania, un nuevo libro de Thilo Sarrazin, un político controvertido que forma parte de la socialdemocracia, de centro-izquierda, ha generado un fuerte debate: describe a los inmigrantes musulmanes como una amenaza mortal para Alemania. Desde que se publicó el libro y fue recibido con aprobación por el público, muchos columnistas, académicos y políticos se han preguntado si Alemania seguirá siendo la excepción en términos de su arco político: es, hasta ahora, el único país de Europa occidental que no tiene un partido populista de derecha que actúe como pararrayos de la ira popular contra el islam y el establishment político.

En los últimos meses, los partidos populistas de derecha impidieron la elección de gobiernos con mayorías parlamentarias propias en tres países de la Unión Europea: Bélgica, Holanda y, más recientemente, Suecia. Si bien los populistas en este último país solo captaron el 5,7% de los votos, eso les bastó para privar a la coalición de centroderecha en el poder de una mayoría absoluta. Estos tres países fueron conocidos por mucho tiempo por su liberalismo, pero ahora están ganando influencia allí partidos que ven al islam como "nuestra mayor amenaza extranjera desde la Segunda Guerra Mundial", según afirmó Jimmie Akesson, presidente de los demócratas suecos, de 31 años.

Los partidos populistas de derecha han sido parte de gobiernos de coalición en Italia y Suiza desde hace años, y tienen escaños en los parlamentos de Dinamarca, Austria, Noruega y Finlandia. El Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen ganó el 9 por ciento de los votos en las elecciones regionales francesas de la última primavera boreal, con una campaña antiislámica. En marzo, la Liga del Norte italiana ganó el control de las regiones de Venecia y Piamonte. Durante la campaña, sus simpatizantes entregaban muestras de jabón para lavarse, según decían, "después de haber tocado a un inmigrante".

El poder de la islamofobia

El populismo de derecha no es nada nuevo. Ha sido una presencia constante desde hace 30 años en muchos países europeos, a veces exitosa y otras veces, no. Lo que es nuevo, sin embargo, es que los populistas de derecha han descubierto una cuestión que impacta mucho más en los votantes que el odio habitual contra los extranjeros y la clase política. Encontraron un poderoso argumento en la resistencia a la creciente presencia del islam en Europa. Se presentan como los defensores de los valores europeos y, sin embargo, tanto a ellos como a sus votantes parece importarles poco que algunos de esos valores, como la libertad religiosa, se vean pisoteados por su acción.

El temor a que los inmigrantes musulmanes puedan cambiar el carácter de la sociedad europea cala hondo. Según las encuestas de opinión realizadas en Alemania, alrededor de tres cuartas partes de los entrevistados dicen estar preocupados por la influencia del islam. Y sentimientos similares se expresan en otros países, a pesar de que la emigración hacia Europa viene declinando desde hace años.

Algunas prácticas bárbaras en ciertos países islámicos -donde se obliga a las mujeres a usar burkas, se persigue a los gays y lesbianas y se lapida a las adúlteras, todo en nombre de la religión- sin duda son profundamente contrarias a los valores europeos modernos. Y no hay duda de que muchos países enfrentan serios problemas con la integración de los inmigrantes. Pero estas cosas por sí solas no explican la inquietud generalizada, que más bien surge del hecho de que los partidos tradicionales no han dado a sus votantes la sensación de que están atendiendo a estas cuestiones. La crisis económica también intranquiliza a la clase media: Europa está envejeciendo y otras regiones del mundo la están alcanzando. Muchos están preocupados por el futuro en un mundo globalizado, en el que cambia el equilibrio de poder.

El populismo de derecha está encontrando en el temor a la inmigración musulmana un discurso con eco en el electorado . Foto:AFP PHOTO/ LEON NEAL
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En los países del norte de Europa, en particular, el ascenso de los populistas va de la mano con la declinación del apoyo a los partidos socialdemócratas de centroizquierda. Esto se debe en parte a que los inmigrantes son tan proclives como cualquier otro sector a abusar del Estado de bienestar social que promueven los partidos socialdemócratas. Pero también es producto de que los partidos tradicionales se han empantanado con los detalles de la política de integración.

Han creado especialistas en integración, oficinas de inmigración y conferencias de integración, pero han perdido de vista las preocupaciones de los ciudadanos. Y como además están a favor de la libre expresión, el feminismo y el secularismo, son incapaces de defenderse de los populistas de derecha, que citan los mismos valores en sus batallas contra el velo, los minaretes y las mezquitas. La única diferencia es que los populistas se hacen escuchar más y simplifican las cuestiones a tal punto de que sus posiciones parecen lógicas.

Los demócratas suecos, que tienen su origen en la extrema derecha, han aprendido de los populistas de derecha modernos como Wilders, al igual que el Partido del Pueblo danés (DF) y su presidenta, Pia Kjaersgaard. En su reciente campaña electoral, los demócratas suecos presentaron un aviso televisivo polémico: muestra a una mujer mayor que camina con dificultad con su andador con ruedas y casi es atropellada por mujeres con burkas, también con andadores. Las mujeres con burkas van apuradas hacia un escritorio en que un cartel reza: "Presupuesto del Gobierno". Una voz dice: "El 19 de septiembre puede apretar el freno a la inmigración en vez del freno a la jubilación".

Enfrentar a los inmigrantes con los jubilados es una de las tácticas de Wilders. Une políticas de izquierda y de derecha, la islamofobia y el temor a la explotación del Estado de bienestar social. "Es uno de nuestros mayores éxitos esto de combinar ser conservadores en términos culturales, por un lado, e izquierdistas en otras cuestiones", dice Wilders, que dice estar en contra de la inmigración, pero "que tiene cálidos sentimientos en favor de los débiles y las personas mayores."

Wilders fue uno de los primeros políticos en utilizar sistemáticamente el islam como tema, y muchos han seguido su ejemplo. Es llamativo que el movimiento antiislámico no se pusiera en marcha inmediatamente después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, aunque sin duda fueron el principal factor detrás de la actual incertidumbre y temor al terrorismo islámico. El movimiento recién ahora llega a su clímax.

A primera vista, esta nueva derecha tiene poco en común con la vieja derecha, aunque el primer político europeo de extrema derecha que comenzó a atacar a los musulmanes lo hizo en las décadas del 70 y 80. Se trata de Jean-Marie Le Pen, fundador del Frente Nacional francés. Le Pen hizo carrera como alguien ajeno al establishment, enojado con las fuerzas mayoritarias. Era primitivo y anticuado, a menudo racista y antisemita, pero logró cambiar el paisaje político de Francia. En la primera ronda de las elecciones presidenciales de 2002 obtuvo incluso más votos que el candidato socialista, Lionel Jospin. Fue un shock para la elite francesa.

Desde entonces, lo sucedido en Francia se repitió en muchos otros países, en que los partidos tradicionales han buscado marginar a la extrema derecha: los políticos centristas se corrieron a la derecha. Fue el caso en Dinamarca, donde el Partido del Pueblo danés ha dado su apoyo parlamentario a un gobierno de minoría de la derecha y los liberales desde 2001. Y si bien los populistas no integran el gobierno, Dinamarca ha endurecido en buena medida sus leyes de inmigración.

Cuando Nicolas Sarkozy comenzó su campaña en 2007, era difícil distinguir parte de su retórica de la de Le Pen. Sugirió, por ejemplo, que la gente que "mata ovejas en sus bañaderas" no es bienvenida en Francia, y ganó la elección arrastrando votos de la derecha. Ahora Sarkozy probablemente se vea confrontado pronto con un nuevo Frente Nacional, una versión menos estridente pero quizá más peligrosa de esa fuerza. Marine Le Pen, hija del fundador del FN, hará campaña por la presidencia del partido y piensa convertirlo en una fuerza capaz de apelar también al centro político.

Marine Le Pen se presenta como no dogmática e intelectual. Usa trajecitos de ejecutiva y da besos en sus apariciones de campaña en los mercados del área metropolitana de París. "Quiero unir a todos los franceses", dice. Al mismo tiempo, igual que Wilders, lanza diatribas contra el burka y la islamización. Ella también advierte que la islamofobia da mejores resultados que la xenofobia tradicional.

Le Pen representa una amenaza para Sarkozy, cuyo giro a la derecha este año revela cuán en serio toma esa amenaza. El debate que ha lanzado en Francia sobre "la identidad nacional" va claramente dirigida contra los musulmanes, y también se ha embarcado en una campaña por la deportación de los gitanos.

La transformación del Frente Nacional es sólo un ejemplo de la centralidad de la campaña anti-islam en los partidos populistas de derecha de Europa occidental. Es la cuestión que une a todos esos partidos en toda Europa. Este es un fenómeno nuevo, pero que no puede ocultar el hecho de que todavía hay muchas diferencias entre los partidos que se clasifican como populistas de derecha. La mayoría siempre fue antiinmigración, se ha posicionado en contra la elite política, ha tenido líderes carismáticos y logra mayores éxitos en aquellos países en que los partidos mayoritarios promueven una cultura de consenso. Pero un neoliberal con raíces rurales como el político suizo Chirstoph Blocher, del SVP, tiene muy poco en común con el demagogo francés Le Pen.

Es el concepto común del islam como enemigo lo que los convierte ahora en aliados ideológicos. Sin embargo, es improbable que estos partidos sigan cooperando desde sus distintos países en el futuro, pese al sueño de Wilders de encabezar tal movimiento en toda Europa. La Alianza Internacional de la Libertad, que creó en julio pasado, tiene dos metas: "defender la libertad" y "detener el islam". En un video en el sitio de la alianza, Wilders dice que quiere unir las fuerzas existentes contra el islam en Alemania, Francia, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos.

Cuando se le preguntó a Marine Le Pen por la iniciativa de Wilders, ella contestó: "Sin una revolución concertada, nuestra civilización está condenada". Esto podrá ser el reconocimiento de objetivos comunes, pero no necesariamente está dispuesta a unir fuerzas con Wilders.

Fuente: La Nación / © Der Spiegel

Colaboraron en esta nota Markus Deggerich, Manfred Ertel, Juliane von Mittelstaedt, Mathieu von Rohr, Hans-Jürgen Schlamp, Stefan Simons

Traducido del alemán al inglés por Christopher Sultan; traducción al español de la versión en inglés por Gabriel Zadunaisky

MÁXIMAS FIGURAS

Geert Wilders

Líder del Partido de la Libertad, de Holanda, es una figura central del populismo islamobófico de Europa.

René Stadtkewitz

Dirigente alemán, ex parlamentario de la UDC, busca consolidar su nuevo Partido Libertad emulando a Wilders.

Thilo Sarrazin

Controvertido por su discurso contra la inmigración musulmana, proviene de la socialdemocracia alemana.

Pia Kjaersgaard

Presidenta del Partido del Pueblo, tercera fuerza del Parlamento danés, promueve una agenda antiinmigración.

Marine Le Pen

Hija del líder histórico del Frente Nacional francés, Jean-Marie Le Pen, alerta contra la islamización de Europa.

Bolivia mira al futuro con el retrovisor

En enero de 2006, a pocos días de su toma de posesión, Evo Morales encandiló a Europa con su jersey a rayas. El presidente electo de Bolivia se paseó por varias capitales rompiendo protocolos con una imagen que sedujo a todos. Después de tres años y medio de Gobierno y en los umbrales de un nuevo proceso electoral, viste sofisticadas chaquetas con motivos indígenas y camisas con bordados de reminiscencia prehispánica. El primer presidente indí­gena de Bolivia es, qué duda cabe, una figura continental y, con jersey o con chaqueta, todavía fascina a una parte significativa de la comunidad internacional.
Todas las encuestas de preferencia de voto para las próximas elecciones presidenciales, de diciembre de 2009, le otorgan entre el 42% y el 48%, frente a un esmirriado 11%-15% de su primer oponente. Aunque la campaña no ha comenzado aún y es evidente que las cifras cambiarán, acortándose las distancias, es difícil encontrar a un solo boliviano que no crea que Morales será reelegido para un segundo mandato consecutivo. El último presidente que logró la reelección consecutiva, hace ya 45 años, Víctor Paz Estenssoro, fue derrocado a los tres meses de su posesión. No parece que éste vaya a ser el caso, pero no es un dato desdeñable en un Estado políticamente volátil.
¿Pero qué hay detrás de la imagen del boliviano más mediático de la historia?
Morales marca un antes y un después en el destino del país, pues su figura cierra la página del largo y dolo roso camino a la inclusión de algo más de la mitad de los habitantes, que tienen origen indígena, quienes sufrieron hasta 1952 condiciones de semiesclavitud simplemente inenarrables. Pero contra lo que se cree con frecuencia, su presidencia marcó la culminación de un camino histórico, no su comienzo. Baste recordar que el presidente Andrés Santa Cruz Calahumana (1829-1839), uno de los padres de la nación, era hijo de una cacica aymara.
La Revolución de 1952, protagonizada precisamente por Paz Estenssoro en el primero de su cuatro gobiernos, llevó adelante tres medidas cruciales para los indígenas que chuas y aymaras: el voto universal, la reforma agraria que les devolvió la tierra que les había sido expoliada sobre todo entre 1880 y 1920, y un código educativo que universalizó la educación primaria y extendió la educación al área rural del país. En 1993, el primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (quizá la figura más execrada de la política boliviana de hoy) realizó la segunda generación de medidas a favor de la inclusión. Reconoció mediante una reforma parcial de la Constitución que Bolivia es un país pluricultu ral y multilingüe. Creó más de trescientos municipios con jurisdicción territorial, que cubrieron la totalidad del país, con autonomía, elección directa de alcaldes y presupuesto propio, otorgado por el presupuesto nacional de manera automática de acuerdo a su densidad demográfica, lo que permitió la existencia de municipios indígenas (más de cien) y mancomunidades de municipios indígenas. Aprobó la ley de educación intercultural y bilingüe que está en plena vigencia y modificó la reforma agraria de 1953, reconociendo las tierras de comunidad en el altiplano, imponiendo impuestos a los latifundios de las tierras bajas, estableciendo la función económica y social de la tierra y otorgando a los pueblos del Amazonas y del Chaco tierras comunitarias de origen en extensiones que varían entre 5.000 y 500.000 hectáreas, según el caso. En las elecciones de 2002, en las que Morales obtuvo el segundo lugar, el Parlamento integraba ya a más de un 30% de representación indígena.
Cuando en 2003, tras la grave crisis política y el trágico saldo de casi setenta muertos que obligó a la renuncia de Sánchez de Lozada tras un año y algo más de su segunda y dramática Administración, logramos desde el Gobierno una nueva reforma parcial de la Constitución que incluyó la Asamblea Constituyente, el Referendo y la apertura para participar en elecciones a agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, propusimos un Estado de autonomías y la elección directa de prefectos (gobernadores) en los nueve departamentos que tiene el país.
¿POR QUÉ MORALES?
Nacido en un humilde y remoto pueblo aymara cercano a la frontera con Chile, Morales logró casi el 54% de los votos en las elecciones de 2005 porque, reciclado de dirigente sindical de las regiones de producción de coca ilegal a campeón de las reivindicaciones indígenas, devino en símbolo de una parte esencial del país. Pero, además, llegó en el momento justo, con el discurso adecuado. Desde 2003, Bolivia estaba ávida de cambios y cansada de lo que hasta ese momento había sido una democracia (reconquistada en 1982) controlada por tres partidos tradicionales. Sus votantes se identificaron casi carnalmente con él, por razón de piel, frustrados por un proceso agotado y miope para comprender las demandas sociales y, sobre todo, porque, a pesar de los importantes esfuerzos de varios gobiernos por resolver brechas profundas, los niveles de pobreza y los indicadores sociales básicos seguían siendo los peores de Suramérica. Es inútil decir que, en un cuarto de siglo, Bolivia redujo más de veinte puntos su porcentaje de pobreza y mejoró temas de saneamiento básico y salud. Las demandas y la realidad no pueden cubrirse con cifras macroeconómicas positivas o con modestos avances sociales. La desigualdad entre ricos y pobres sigue siendo una de las más altas del hemisferio.
Morales fue por eso coronado, un día antes de su investidura oficial, en Tiahuanacu, el centro prehispánico y preincaico más importante de Bolivia, arropado por la esperanza de millones de indígenas que por fin se miraban en el espejo del poder conquistado por uno de ellos. El nuevo presidente llegó con todos los astros alineados, la más alta votación de los últimos cuarenta años, el apoyo pleno y embelesado de la comunidad internacional, la mayor bonanza económica del país en un siglo (si no más) gracias a precios internacionales de materias primas que rompie ron todos los récords imaginables y, por encima de todo, una legitimidad que le permitía saldar una deuda histórica no sólo de modo simbólico, sino realmente. No lo hizo. En el momento crucial de definir la ruta de su Gobierno optó por un “nosotros” equivocado. Desde el primer día su “nosotros” era el del presidente de los indígenas, no el del presidente de los bolivianos. Una posición comprensible al principio se volvió recurrente a lo largo de su gestión. El mandata rio, en vez de tender manos y proponer la cons trucción común de la nación entre indígenas, mestizos y blancos, prefirió cavar trincheras.
SU GOBIERNO, SU PROYECTO
Pero si algo está claro hoy es que, más allá de sus discursos interminables, la repetición de dos o tres ideas recurrentes y su estilo agresivo y adjetivado que lo llevó a la expulsión del embajador de Estados Unidos, a tensiones con Brasil, a una casi ruptura de relaciones con Perú y a un alineamiento militante con Hugo Chávez, Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) tienen un proyecto muy profundo de transformación y de cambio en el que se mezclan demasiados ingredientes que pueden estallar en las manos del gobernante, en las de sus partidarios y en las de todos los bolivianos.
Largo sería contar los tristes avatares de la Asamblea Constituyente elegida e instalada en 2006, que en un año y tres meses de trabajo ¡no discutió ni aprobó un solo artículo del proyecto constitucional! Baste decir que terminó en medio de las balas, con un saldo de tres muertos y 150 heridos, con los oficialistas reunidos en un cuartel en las afueras de Sucre, la capital de Bolivia. Aprobada en detalle en Oruro, corregida y “adaptada” en un curioso e ilegal acuerdo del Congreso, fue aprobada en referéndum en 2009 por el 62% de los bolivianos.
El proyecto-país, expresado inequívocamente en la nueva Carta Magna de Morales (la decimosexta desde 1826), es la destrucción de la República como forma de gobierno y como propuesta histórico-conceptual traducida en la tradición republicana, que se basa no sólo en la sepa ración de poderes y el equilibrio y contrapeso de éstos, sino en la idea central de igualdad apoyada en la ciudadanía. Tradición que después de Estados Unidos y Francia tuvo su mayor apogeo en la concepción independentista de las naciones hispanoamericanas a principios del siglo XIX. A cambio, Bolivia se ha convertido en un Estado plurina cional, cuyo eje son 36 naciones indígenas. La mayor, en un país de 10 millones de habitantes, la quechua, con dos millones y medio de personas, y la menor, la pakawara, con un total de 25 habitantes. La nueva Constitución con sagra todos los derechos alcanzados por los indígenas antes de 2006, al hacerlos explícitos (pues ya estaban reconocidos en la Constitución derogada) con un capítulo dedicado a las naciones indígenas (el 4°) y la mención de éstas en sus 411 artículos más de un centenar de veces.
La Carta Magna establece una categorización ciudadana que rompe la esencia del artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual todos los seres humanos nacemos iguales. El texto establece categorías ciudadanas diferenciadas por origen, lengua y color de piel. Sólo reconoce como naciones con el denominativo de “indígena originario campesino” (art. 3) a aquellas establecidas antes de “la invasión colonial española” (art. 30). El 47,7% de la población, no indígena, recibe el calificativo de “comunidades interculturales” (art. 3), estableciendo que, fuera del ámbito estrictamente urbano, los no indígenas están limitados en el ejercicio de algunos de los derechos que la propia Constitución reconoce, particularmente en lo referido al tema de recursos naturales. Es clave en este contexto la idea de que las naciones precoloniales, además de su dominio ancestral sobre sus territorios, tienen derecho a la “libre determinación, autonomía y autogobierno” (art. 2) y, lo más importante, tienen derecho a la “gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos renovables existentes en su territorio” (art. 30, 17). Para ocupar cualquier cargo público es obligatorio hablar castellano y una lengua nativa (el 67% de los bolivianos es monolingüe). Paradójicamente, el presidente Morales sólo habla castellano (de ahí una disposición transitoria por la que no se aplicará tal obligación hasta la siguiente elección, después de diciembre).
El texto incluye una innovación sin precedentes al reconocer en igualdad la justicia indígena, basada en usos y costumbres (no escrita y referida a 36 culturas diferentes), con el mismo rango que la justicia republicana (art. 179), con la diferencia de que la indígena es inapelable y de única instancia. No está claro aún cuál será el ámbito de jurisdicción de ambos sistemas. Establece también que las máximas autoridades del poder judicial (Tribunal Constitucional y Corte Suprema) se eligen por voto directo y deben tener obligatoriamente un porcentaje de representación indígena. Destruye la idea de irretroactividad de la ley, marcando la posibilidad, por ejemplo en delitos de corrupción, de juzgar un hecho de hoy con una ley aprobada dentro de un año.
La construcción de un Estado de autonomías, que dio lugar al equívoco internacional de que cuatro de los nueve departamentos buscaban separarse de Bolivia, enfrentó al país, dado que Morales se opuso a las autonomías cuando fueron votadas. Hoy las apoya tras la evidencia de que la tendencia mayoritaria es seguir el camino de las cuatro que la aprobaron en referéndum. Pero para curarse en salud debilita el poder de los gobiernos departamentales. La Constitución reconoce cinco niveles autonómicos: departamental, regional, provincial, municipal e indígena. Este último, aplicable en municipios, mancomunidades municipales o en tierras comunitarias de origen. Esta superposición geográfica, jurídica y política puede llevar a una colisión muy arriesgada y compleja en el momento de su aplicación. En esa misma línea, reconoce como “símbolos del Estado”, por tanto en iguales condiciones, dos banderas (art. 6): la tricolor –rojo, amarillo y verde–, creada el 17 de agosto de 1825, 11 días después de la declaración de independencia, y la wiphala, bandera multicolor que representa exclusivamente a quechuas y aymaras. De ese modo, el símbolo de una parcialidad (dos de las 36 naciones indígenas) cobra rango de símbolo de todos, lo que vendría a ser comparable, por ejemplo, a que la bandera del País Vasco fuera reconocida como símbolo del Reino de España en igualdad de condiciones que la bandera nacional española, lo que –como ocurre ahora en Bolivia– haría obligatorio en Andalucía que se izaran los dos pabellones, el español y el del País Vasco, por no mencionar el caso único de un Estado con dos banderas.
Dada la preeminencia de la cultura aymara y la influencia histórica de este pueblo que fue conquistado –antes de la llegada de los españoles– de manera violenta por el imperio incaico, está claro que el Gobierno de Morales busca una hegemonía aymara en la totalidad del territorio boliviano, absorbiendo al quechua que, en realidad, es parte de una mayoría aymara quechuizada por el sistema de aculturación impuesto por los incas y reafirmado por la Corona española. Aymaras y quechuas representan el 90,6% de la población indígena, las otras 34 naciones son apenas el 9,4%. Ambos pueblos, aymara y quechua, son el 48,3% de los bolivianos. La política del Gobierno es la de migraciones de comunidades andinas planificadas a corto plazo hacia el Norte, Este y Sur (regiones amazónica y chaqueña, que ocupan el 67% del total del territorio de Bolivia), continuando un proceso que comenzó con la Revolución de 1952 pero que Morales acelera de manera consciente. Éste es el elemento verdaderamente nuclear de lo que representa este proyecto histórico. A él se suma una política económica estatista, de economía planificada y de grandes restricciones a la inversión privada, sobre la idea endógena de desarrollo en un país con mínimo ahorro interno y bajísima presión tributaria.
La desastrosa política de hidrocarburos (Bolivia tiene importantes reservas de gas natural) de los últimos tres años casi ha sacado al país del juego energético regional. Ya no es un centro estratégico de distribución de gas. La congelación de las inversiones, la alta corrupción en la empresa estatal de petróleo (su anterior presidente y número dos del MAS está preso, acusado de haber recibido un soborno de casi medio millón de dólares por un contrato), la pseudonacionalización –que no tocó a una sola de las empresas transnacionales instaladas en Bolivia, pero que generó serias dudas sobre la seguridad jurídica del país– hicieron inviable hasta hoy un gigantesco contrato de exportación a Argentina. Perú está en plena construcción de una planta de transformación para exportar su gas al Pacífico, Brasil ha encontrado gigantescas reservas de este producto, Chile importa su gas de otras fuentes y, por si fuera poco, el principal aliado de Morales, Venezuela, desarrolla un megaproyecto de abastecimiento al Cono Sur. El referéndum sobre hidrocarburos (2004) y la nueva ley (2005), realizados antes de la llegada de Morales al Gobierno, el decreto de incremento de impuestos en 2006 y los espectaculares precios internacionales triplicaron las exportaciones de Bolivia y multiplicaron por cinco las reservas internacionales, garantizando un crecimiento medio del 4,5% del PIB y un superávit en los últimos tres años. A pesar de la caída de precios, el Ejecutivo aún tiene un margen de juego de crecimiento moderado en 2009 y 2010, pero su mayor problema es la negligencia, la falta de capacidad de gestión y de ejecución presupuestaria.
En suma, la combinación ideológica es la de un Estado con preeminencia indígena en su concepción y estructura, estatista a ultranza y fuertemente centralista en medio de la paradoja de un ensayo de construcción autonómica. No es otra cosa que la búsqueda de una utopía que quiere construirse mirando al futuro con el espejo retrovisor.
Pero la fuerza simbólica de Morales es todavía muy grande, más que suficiente para apuntalar una muy probable victoria en diciembre.
¿Y LA OPOSICIÓN?
Expropiación: la nacionalización de los hidrocarburos ha sido uno de los caballos de batalla de Evo Morales desde que asumió el poder.
La oposición jugó casi siempre a favor de este proyecto en una sociedad sometida a tensiones extremadamente grandes. A pesar de que Morales tardó tres años en imponer su proyecto de Constitución, por la acción de entrabamiento permanente de los opositores, el mayor problema de quienes se enfrentaron al Gobierno fue la incomprensión de lo que éste representaba. Más allá de cualquier consideración, Bolivia vive un momento de cambios profundos; el pasado no volverá y quienes se anclaron en la idea de recuperarlo para seguir con sus privilegios, como parte de élites que medraron sistemáticamente del Estado y de núcleos de poder con rasgos inequívocos de corrupción, tomaron un camino suicida. La respuesta al proyecto de hegemonía masista debiera ser la de preservar el republicanismo democrático, pero sobre la premisa inexcusable del cambio que contempla la inclusión y el respeto a la otredad, junto a un Estado moderno, descentralizado y de autonomías. Santa Cruz, la región más poderosa del país y con fuerte gravitación de contrapeso a La Paz (donde se encuentra la sede del Gobierno boliviano) y al escenario andino, tuvo un liderazgo que careció de visión nacional, que buscó exclusivamente salvar su propio proyecto y el de la región. La demanda autonómica, que obtuvo gran legitimidad en varias regiones, pecaba de un ideario conservador y fragmentario. Como si en Brasil las élites paulistas apostaran por resolver y liderar los temas de São Paulo y no a jugar el rol que por peso natural le toca a escala nacional.
Las acciones e iniciativas de Morales han dejado a la oposición anonadada. La derecha es incapaz de entender de qué va la cosa, y los sectores progresistas y adscritos a la necesidad de grandes transformaciones hasta ahora no ofrecen la posibilidad de arrebatarle al presidente, desde la democracia, la bandera del cambio. Porque no se puede olvidar que Morales avasalló a la Asamblea Constituyente y al Poder Judicial, y controló por las buenas o las malas el Legislativo, vulnerando elementos esenciales del funcionamiento democrático. Pero la oposición desde las regiones y desde el principal partido contrario al MAS, Podemos, del ex presidente Jorge Quiroga, intentó desestabilizar con modos no democráticos al Ejecutivo. Fue una acción inaceptable desde los puntos de vista ético y práctico. Pretendieron derrotar en su terreno al campeón de los bloqueos de carreteras, paros nacionales y cercos de ciudades. Una oposición desquiciada, que entre septiembre y octubre de 2008 tomó violentamente instituciones del Estado, impidió al presidente aterrizar en varios aeropuertos del país e incendió pequeños conductos de gas. El resultado fue una derrota en toda regla, aunque el saldo para el país fue una cincuentena de muertos, producto de la acción opositora y de la represión gubernamental.
El gran objetivo de la oposición para el próximo diciembre es lograr un candidato de unidad capaz de enfrentarse al presidente. Morales está apoyado por un voto emocional y de consigna en gran parte del área rural, y con un respaldo superior al 65% en el área urbana de la zona andina. Difícil desafío, que en un primer momento abre una baraja con más de una docena de precandidatos, cuyo único elemento en común es oponerse a Morales. Con un discurso como ese no parece que se apunte alto, aunque el Gobierno ha polarizado al país de tal manera que al menos un 30% votaría por cualquier candidato que sacara cabeza con alguna opción frente al oficialismo. Pero parece muy difícil combinar los elementos indispensables para salvar al país de un camino hacia el autoritarismo. Debería ser una candidatura para la coyuntura, basada en la hipótesis de lograr un segundo lugar que bloquee los dos tercios de Morales en la nueva Asamblea Legislativa; pero lo más importante es reconstruir un sistema de partidos devastado, sin el que es imposible hablar de democracia. Una democracia que celebre la inclusión y destierre el racismo increíblemente exacerbado en los últimos cuatro años, pero que a la vez devuelva el sentido de unidad que hoy está en cuestión, no por el riesgo de división, sino por las profundas heridas, resentimientos y prejuicios entre campo y ciudad, entre indígenas y no indígenas y entre Occidente y Oriente.
MORALES NO ES MANDELA
El error histórico de Morales es que no quiso ser Mandela, porque no entendió la tarea que le tocaba o porque, fiel a su lógica de dirigente sindical cocalero (el incremento exponencial de cultivos de coca y de producción de cocaína se ha convertido en un serio problema y puede erosionar las relaciones exteriores del Gobierno), creyó que la única manera de lograr el cambio era con la derrota total y definitiva del enemigo. Uno de los muchos peligros de ese razonamiento es meter en la bolsa de los adversarios a quienes son parte de una comunidad que en 2006 creyó que el presidente los representaba y que hoy sienten que los excluye.
Afirmarse negando y suponer que por negar lo negado desaparece es, simplemente, una ilusión. La historia, le guste o no a Evo Morales, tuvo un periodo prehispánico, colonial y republicano, y es de ella en su totalidad, de su brazo indígena y de su brazo occidental, de la que son hijos los 10 millones de bolivianos, no de sus retazos.
El autor: Carlos Mesa es ex presidente de Bolivia.

Fuente: MDZ Online