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Propulsado por el éxito en Suecia, el estandarte pirata ha emprendido un movimiento internacional. Partidos hermanos han surgido en decenas de países, entre ellos España. El mayor triunfo ha ocurrido en Alemania. Allí han sumado más de 845.000 (un 2% del voto) en las pasadas elecciones federales; una cifra que, aunque en un país del tamaño de Alemania no basta para conseguir un escaño (el mínimo está en el 5%), sí que hay que tener en cuenta. Sobre todo porque un partido como el Pirata no aspira a gobernar sino a servir de bisagra independiente: "Obtener un diputado ya es un triunfo", señala Fernando Garrido, experto en tecnologías de la información del Observatorio para la Cibersociedad.
¿Cómo se explica el empuje de una formación surgida de Internet, al margen de los cauces políticos habituales, y con un programa tan específico? Las claves de su ascenso radican precisamente en la concreción de su programa y su atractivo entre los votantes jóvenes, muy distanciados de la política tradicional, según los sociólogos.
"Los partidos existentes han fracasado en la tarea de desarrollar políticas sensatas para la naciente sociedad de la información. En vez de aprovechar las fantásticas posibilidades de Internet, quieren usar la nueva tecnología para crear un Estado de vigilancia en el que el Gobierno tenga más control sobre la vida cotidiana de los ciudadanos", explica a este diario el eurodiputado del Partido Pirata sueco, Christian Engström. "En esta área tenemos una nueva perspectiva que aportar al debate político. El hecho de que tuviéramos tanto éxito en las recientes elecciones europeas muestra que hay muchos ciudadanos, en particular los jóvenes, que comparten nuestra perspectiva".
Especialmente decisivo ha sido el efecto aglutinante provocado por las acometidas delenemigo. Es lo que sucedió el pasado abril, cuando un tribunal sueco condenó a un año de prisión a los administradores de Thepiratebay.org, radicado en Suecia y considerado el mayor portal de enlaces a descargas P2P del mundo. Resultado: la afiliación al partido casi se triplicó. Ya tienen alrededor de 50.000 miembros.


El caso del Partido Pirata es singular porque nace en un nuevo medio de comunicación, pero tiene precedentes, según recuerda Enrique Guerrero, experto en análisis electoral de la Universidad Complutense de Madrid. "Históricamente ha existido el single issue party, el partido con un solo tema. Es lo que sucedió hace 30 años con Los Verdes y sus reivindicaciones de preservación del medio ambiente". La causa verde nació de la sociedad civil y los grandes partidos tradicionales acabaron incorporando sus reclamaciones. Algo así podría suceder con los piratas. "Si se convierte en un tema de gran relevancia social, uno de sus efectos positivos es que inciten a los grandes partidos a adoptar la causa", añade Guerrero.
El germen del Partido Pirata surgió en el seno de los grupos suecos de activistas por los derechos civiles. Ante la aprobación de leyes que pretendían controlar la información que circula en la Red y que podrían permitir que el Gobierno leyera e-mails privados, se fundó en 2003 la Oficina Pirata, un foro de discusión. La iniciativa ganó un gran impulso con la creación de The Pirate Bay (thepiratebay.org), un tracker (rastreador) de archivos que se ha consolidado como el mayor portal de enlaces a descargas P2P del mundo.
Finalmente, en 2006 el ingeniero informático Rickard Falkvinge puso en marcha el Partido Pirata, que recogía aquellas inquietudes aunque de manera independiente. "Los políticos no se han enterado de lo que ha pasado en los últimos 15 años con la revolución que han supuesto los teléfonos móviles e Internet", opinaba Falkvinge en una entrevista con este periódico poco después de fundar el partido, del que es líder. "Siguen repitiendo las mismas cosas y tienen que comprender que en la era de Internet el copyright es incompatible con el derecho a la confidencialidad".
La privacidad de las comunicaciones, insiste Falkvinge, es un derecho crucial: "Ningún Gobierno puede llegar a decretar que cada pieza de comunicación privada, y más aún en el futuro, es ilegal; que si yo envío una canción o un vídeo por e-mail a un amigo estoy cometiendo un delito". De manera que la defensa de las libertades civiles y la reforma de los derechos de autor están estrechamente relacionadas, según advierte Engström, "ya que la única forma de intentar mantener el actual régimen de copyright es supervisar todo lo que hace todo el mundo en Internet. Un precio que no estamos dispuesto a pagar".

La ecuación es clara: "Cuando la legislación sobre copyright, tal como está hoy, entra en conflicto con nuestros derechos humanos fundamentales, los derechos tienen que prevalecer y la ley de copyright debe ser modificada", señala el eurodiputado a través del e-mail.
Precisamente la reforma del copyright es quizá ahora la cuestión más complicada. El objetivo del Partido Pirata es limitarlo a cinco años, según explicaba el eurodiputado Engström en una entrevista reciente. "Hoy, el plazo de protección del copyright dura toda la vida de un autor, más 70 años, lo cual es ridículo. Las normas actuales no tienen sentido porque en ningún negocio se puede trabajar con la idea de recuperar el dinero durante 100 años". Su objetivo es claro: "Que sea totalmente legal el intercambio de archivos que no tenga finalidad comercial".
Es lo que sucede en España, donde las descargas son legales, incluidos los contenidos sujetos a derechos de autor, con la condición de que no haya ánimo de lucro. Pero es una situación que puede tener fecha de caducidad. La principal opositora es la industria cultural, que denuncia pérdidas continuadas debido a las descargas. El sector cinematográfico avisa de que lleva cuatro años seguidos de pérdidas en ventas de entradas, al tiempo que crecen las descargas, que superan los 300 millones al año. En el sector musical aseguran que hace ocho años que pierden ingresos. Y dan un dato: si en 2000 se vendían en España 600 millones de euros en discos, en 2008 han bajado a 225 millones.
Para poner coto a la situación, el Gobierno emplazó a la industria cultural, representada en la Coalición de Creadores e Industrias de Contenido, y a las operadoras de telecomunicaciones, agrupadas en Redtel, a que negociaran una autorregulación del sector. Pero las conversaciones quedaron bloqueadas el pasado mayo.
La Coalición pide que se penalice a los concentradores de contenidos (como eMule, Thepiratebay, BitTorrent) y que se persiga a los usuarios comunes y se les sancione con la desconexión. Las operadoras aprueban lo primero, pero rechazan frontalmente desconectar a usuarios comunes.
Ante la falta de acuerdo, Redtel ha pedido al Gobierno que regule las descargas y le ha comunicado sus peticiones: que la futura normativa respete "escrupulosamente" los datos personales de los usuarios, que se descarte suspender conexiones a Internet, entre otras medidas. Eso sí, también quieren que se les blinde jurídicamente ante cualquier reclamación de usuarios sancionados. Para supervisar la regulación se crearía un órgano independiente, la Comisión de Desarrollo y Control de Contenidos Digitales.
Ahora es el turno del Gobierno. Si quiere ilegalizar las descargas deberá modificar la ley, seguramente la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI) y la Ley de Procedimiento Administrativo. Ello daría a la Comisión la potestad que ahora sólo tienen los jueces para cerrar páginas web.
La Secretaría de Estado para las Telecomunicaciones ha avanzado que "pronto" habrá medidas contra la piratería, aunque no concreta fechas, según informaba Europa Press esta semana. También hay alternativas. La propia industria cultural española, junto a los grandes estudios estadounidenses, preparan para 2010 un gran portal de descargaslegales de música y películas.
Mientras, en Europa se impone el control del intercambio de contenidos en la Red. Los Gobiernos de Suecia, Francia y Reino Unido ya han endurecido sus leyes para permitir identificar y perseguir a los usuarios que descarguen contenidos sin pagar derechos de autor.
En cualquier caso, la mayoría de expertos da la bienvenida al Partido Pirata, una formación que, dicen, cuestiona la política tradicional. Los piratas "representan una nueva manera de ver la política, en general, y una nueva manera de actuar, en red, con contacto directo, con alianzas... Son un desafío a lo establecido y a la política formal", considera el asesor de comunicación Antoni Gutiérrez-Rubí. "Es un cambio en la manera de participar políticamente. Es decir, defienden intereses muy concretos pero, al mismo tiempo, desautorizan, con su voto crítico, al conjunto del sistema político".
Luego está el desencanto. Todos los expertos coinciden en que el crecimiento del credo pirata debe mucho a cierto cansancio respecto a la política tradicional. "No hay ninguna sintonía entre políticos e internautas", subraya Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. Con él coincide Gutiérrez-Rubí. El éxito pirata radica no sólo en el descontento de los jóvenes hacia la política sobre Internet, sino también a una desafección general "hacia esos partidos tradicionales y hacia sus políticas, que no responden a las demandas de la sociedad".
Otros consideran el movimiento pirata como poco más que una pataleta de usuarios a los que sólo les interesa las descargas. "Es un voto de protesta de jóvenes airados", sostiene Henrik Pontén, cabeza visible de la Oficina Antipiratería sueca, que representa los intereses de la industria del cine, según afirma en una entrevista con el semanario alemán Der Spiegel. "Los piratas se presentan como víctimas, pero en realidad son los responsables y están dañando a la industria del cine". Para otros, la propuesta pirata tendría mucho de "glamour publicitario, con un tono propio de estilos de vida posmodernos, hiperconsumistas y lúdicos", afines a un grupo social "medio alto, urbano, semijoven y cosmopolita", señala José Luis Dader, experto en Comunicación Política de la Complutense.
El avance del Partido Pirata, y los objetivos que persigue, parecen resultar incómodos para algunas instituciones. De hecho, ni la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información, dependiente del Ministerio de Industria, ni la empresa pública Red.es (encargada de impulsar la implantación de las tecnologías de la información), ni el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información han querido opinar para este reportaje. "Es un tema político", zanjan.
El programa pirata es ambicioso, como destaca Carlos Ayala, presidente de la Junta Directiva Nacional del Partido Pirata de España. "Hablamos de la exigencia de transparencia de los cargos públicos, de la reforma del sistema de patentes, del apoyo alsoftware libre, entre otros". Todo se resume en tres pilares: la libre circulación de la cultura, la reforma del copyright y las patentes, y la protección de los derechos de los ciudadanos, con especial atención a la privacidad, que preocupa cada vez más. De hecho, la protección de datos de los usuarios en Internet inquieta a más de la mitad de los españoles, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
"Muchas de las reivindicaciones del partido buscan la protección de derechos fundamentales", advierte Domingo, "porque la batalla por la defensa de los derechos civiles en el siglo XXI se libra en Internet", remacha. La discusión atañe a los fundamentos de la Red. "Hay un debate abierto sobre la neutralidad de Internet, sobre el papel de las operadoras y de los usuarios, y se está haciendo de manera oscura y de espaldas al ciudadano", advierte Garrido.
Son cuestiones que los jóvenes sienten muy cercanas. "El Partido Pirata asume un programa que afecta a millones de personas, pero sobre todo atrae a los jóvenes, que son los que consumen más tecnologías y los que menos dispuestos están a pagar por ello", añade el sociólogo Guerrero. Esos nativos digitales miran la Red como su espacio público natural, indica Garrido. "Ven que su lugar de expresión es Internet y que hay multinacionales que quieren cerrarlo". Aun así, en el partido sostienen que sus militantes se dividen a partes iguales entre menores y mayores de 30 años.
Otros son escépticos sobre el futuro del partido. "Es fruto del momento; en cuanto se regulen sus reivindicaciones, puede que se haga prescindible", avisa Guerrero. El partido, añade, se ha beneficiado de que frente a los programas abstractos y mesurados de los grandes partidos, ellos proponen uno muy concreto y atractivo. "Al votante joven le suenan ajenos asuntos como la sanidad, las pensiones, crear infraestructuras o la sostenibilidad de las empresas", añade. "Y sus votantes no los perciben como políticos tradicionales. Pero cuando vean que se comportan como políticos normales, llegará el desencanto de la utopía".
Sea como fuere, sólo el tiempo dirá si la acometida pirata es sólo una batalla o el principio de la guerra por los derechos civiles en la sociedad de la información.

El Partido Pirata sueco se propone como objetivo principal facilitar el advenimiento de una sociedad de la información "diversa y abierta", según consta en su Declaración de Principios, que sirve de modelo para el resto de partidos hermanos. Tal cometido se asienta en tres pilares: la protección de los derechos de los ciudadanos, la libre difusión de la cultura y la consideración de que las patentes y los monopolios privados perjudican a la sociedad.
- Derechos. El derecho a la privacidad de la correspondencia, recogido en las constituciones de los países de la UE, debe defenderse ante un desarrollo tecnológico que permite a los Estados controlar las comunicaciones de los ciudadanos. "Que los Gobiernos utilicen los poderes de vigilancia contra ciudadanos que no son sospechosos de ningún delito es inaceptable y supone una violación del derecho de privacidad", reza la declaración. "Igual que se prohíbe leer el correo ajeno, debería vetarse la lectura y el acceso al e-mail, los sms u otras formas de mensajería".
- 'Copyright'. "Compartir copias, o difundir o emplear obras para usos sin ánimo de lucro, nunca debería ser ilegal dado que tal uso justo beneficia a toda la sociedad", recoge el texto. Incluso añaden que debería impulsarse todo uso, tratamiento y distribución de cultura que no tenga ánimo de lucro. "Proponemos una reducción de la protección del copyright comercial, es decir, el monopolio para crear copias de una obra con propósitos comerciales, a cinco años desde la publicación de la obra".
- Patentes. Consideran que sirven para crear monopolios privados y quieren suprimirlas. "Son empleadas cada vez más por las grandes compañías para impedir que empresas más pequeñas puedan competir en igualdad de condiciones", advierte el documento. Consideran que han quedado obsoletas, que son innecesarias y que representan una traba para la innovación. Por ello, abogan por abolirlas gradualmente.
Fuente: El Pais



MANILA (EFE).- La credibilidad de la presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, está más debilitada que nunca tras descubrirse que la "cuarentena voluntaria" a la que sometió la semana pasada para evitar la expansión de la gripe A, era en realidad una verdad "a medias" para esconder una operación de pecho.
El embrollo sobre los implantes mamarios presidenciales comenzó el 29 de junio con una nota enviada a la prensa, en la que se ensalzaba el "ejemplo de responsabilidad social" ofrecido por Arroyo al aislarse de motu propio en un lujoso hospital de la capital tras una gira por el extranjero.
El palacio de Malacañang publicitó su decisión como una medida de lucha contra la nueva enfermedad, que ya ha afectado a un millar de personas en el archipiélago y provocado una víctima mortal.
Su dechado cundió en un país propicio a las medidas efectistas y fue rápidamente imitado por otros políticos, como la senadora Loren Legarda, quien se aplicó la cuarentena a su regreso de Ginebra y previo paso por el Senado del país, a donde acudió directamente desde el aeropuerto para anunciar a bombo y platillo su decisión.
La presidenta recibió el alta médica a los dos días de su ingreso en el centro hospitalario, pero las primeras filtraciones a la prensa aguaron su vuelta al trabajo.
"La cuarentena es una tapadera. La presidenta necesitaba reparar una rotura en los implantes de silicona mamarios que se hizo en los años ochenta. Aprovechó también para quitarse un quiste de la ingle y hacerse la depilación láser en la zona", escribía el columnista Jarius Bondoc en el diario "The Star".
El portavoz de la Presidencia, Cerge Remonde, se apresuró a salir en defensa de su jefa e intentó zanjar el asunto negando que Arroyo se hubiera aumentado una talla de sujetador: "Cuando una mujer se hace la cirugía plástica se nota. Las actrices con pechos sexy son las que se hacen ese tipo de operaciones. No podemos decir lo mismo de la presidenta".
El intento de salvaguardar la imagen de la jefa de Gobierno volvió a torcerse y, tras nuevas filtraciones a los periodistas, Remonde tuvo que desdecirse: la jefa del Ejecutivo sí se había sometido a un aumento de pecho hace un par de décadas, pero no en esta ocasión, cuando se le practicó una biopsia para determinar si un bulto detectado en el seno izquierdo era maligno.

Versión médica. El médico que la operó, Raul Guanzon, corroboró su versión al asegurar que un equipo formado por seis doctores efectuó una biopsia a Arroyo, quien se encuentra en un perfecto estado de salud, "capaz de correr una maratón".
"No creo que lo estuvieran escondiendo. Sólo querían saber los resultados de la prueba antes de hacerlos públicos", aseguró Guanzon, un conocido cirujano plástico con más de veinte años de experiencia en operaciones de estética a personajes de la farándula y miembros de la Sociedad Filipina de Cirugía Plástica, así como de la Academia Estadounidense de Cirugía Plástica.
Varias columnistas y senadoras han intercedido en favor de la presidenta y su derecho a la intimidad en este asunto, como la propia Legarda, quien envió un comunicado en el que decía: "Los derechos de las mujeres sobre su salud y la confidencialidad del paciente deben ser respetados incluso aunque afecte a personas con una proyección pública como la presidenta".
"Cualquier mujer tiene derecho a hacerse un aumento de pecho, una operación de nariz o una liposucción si eso le hace sentirse mejor con ella misma", añadió le periodista Domini Torrevillas.
Sin embargo, hay quien cree que no hay que confundir el derecho a la intimidad con la impunidad en una mentira, como el columnista Bondoc, quien hoy denunciaba la investigación oficial abierta en el hospital para descubrir el foco de las filtraciones como una medida para silenciar el asunto.
Bondoc, convertido ya en un personaje más de la trama, continuaba disparando metralla en su tribuna de hoy: "Al parecer, el Hospital facilitó de manera gratuita dos habitaciones VIP con un coste de 18.000 pesos (373 dólares) al día cada una, además de otras cinco para sus guardaespaldas y cocineros, junto a los servicios médicos, medicinas y análisis. Si esto es así, Arroyo ha violado las leyes anticorrupción, que impiden que ningún funcionario reciba regalos por valor superior a los 5000 pesos".
Fuente: La Nación
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El Príncipe de la soja se lanza con sorteos de motos y un auto OKm
Alfredo Olmedo explota casi 400 mil hectáreas de soja en Salta. En 2007 llegó al Senado provincial con una campaña millonaria y con un polémico recuento de votos. Ahora, va por el Congreso. Para ganar hay que vestir de amarillo.

Alfredo Olmedo, mejor conocido como el Príncipe de la soja, lanza oficialmente este lunes su candidatura para diputado nacional por el frente “Salta Somos Todos” en el estadio Delmi en la provincia de Salta. Junto a Olmedo estarán presentes sus compañeros de fórmula, Delia Garkus y Juan José Ortiz.
El acto, que tendrá comienzo a las 20 horas, será un show de musica folklórica y tropical con variadas presentaciones: David Leiva, Mariana Cayón y Sergio Galleguillo y los Amigos. En la entrada, todos los asistentes recibirán un número, con el que participarán del sorteo de un Volkswagen Gol
El candidato para diputado consiguió en 2007 una banca en el Senado de Salta empujado por una campaña millonaria y con un polémico recuento de votos. Su gran proyecto fue impulsar un “reordenamiento territorial” que permitía el desmonte de cinco millones de hectáreas. Ahora quiere conseguir una banca en el Congreso de

De Olmedo -"Cepillo, Alfredito o Junior", para otros- se cree que explota cerca de 400 mil hectáreas propias y admite que el 95 por ciento de lo que siembra es suyo. En 1996 recibió a buen precio y con crédito unas 60 mil hectáreas de tierras fiscales; y en 2005, el ex gobernador Juan Carlos Romero le arrendó por 50 años unas 365 mil hectáreas –a 0,56 centavos la hectárea– antes ocupadas por la compañía Salta Forestal. Son tierras con lluvias ideales para la soja. Entonces vivían unas 110 familias campesinas. Hoy resiste en sus ranchos apenas un puñado de ellos.
Fuente: Critica

“Todos los hombres son iguales. Pero algunos son más iguales que otros.”


Las batallas religiosas se libran ahora en los autobuses de las grandes ciudades. La campaña publicitaria proateísmo de Londres llega a partir del lunes a Barcelona y el día
La campaña ha molestado a colectivos de creyentes. El arzobispado de Barcelona argumenta que la fe no es incompatible con "gozar honestamente". Y una Iglesia evangélica de Fuenlabrada ya ha replicado a los ateos con un anuncio que, desde el pasado día 25 luce en un bus por varias localidades de
La batalla simbólica, mediática y publicitaria entre creyentes y no creyentes nació en el Reino Unido. Una web cristiana amenazó a los ateos con "pasar la eternidad en el infierno y ardiendo en un lago de fuego". Y una periodista de The Guardian cogió la idea y le dio la vuelta con éxito. "Nos pareció interesante e importamos la propuesta.
Barcelona ha abanderado la campaña de los ateos, que en pocos días han recaudado 6.411 euros a través de su sitio en
En Madrid, la empresa que lleva la publicidad en los buses urbanos tampoco considera que la campaña sea ofensiva o vulnere la ley de publicidad, por lo que permitirá la inserción de anuncios que

¿Por qué surgen ahora estas campañas de signo contrario? Al margen de la "chispa" que alumbró la idea (el "lago de fuego"), los expertos creen que en un contexto de incertidumbre se reafirman los propios valores. Juzgan "normal" el recurso a la publicidad, y, en ese sentido, valoran la "habilidad" de los ateos, que han logrado un "gran eco" con una acción limitada: cuatro buses frente a una flota de más de 3.000 vehículos entre Barcelona y Madrid.
La irrupción de la fe en las calles tiene defensores y oponentes. Los grupos laicos creen que el papel de la religión (y, en concreto, de
Musulmanes, conversos al islam y evangélicos expresaron su "respeto" a la libertad de expresión. Y se reservaron el derecho a impulsar sus propias campañas. Pero cuestionaron, en la línea del arzobispado de Barcelona, la supuesta incompatibilidad entre disfrutar la vida y creer en una entidad trascendente. Ni el arzobispado de Madrid ni
El Pais.com
