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viernes, 27 de noviembre de 2009

Y por bandera, la ideología pirata: EL PARTIDO PIRATA

Una nueva invasión vikinga acecha Europa. El Partido Pirata, surgido en Suecia en 2006, tiene como objetivo el mar digital, es decir, Internet. Busca el libre intercambio de archivos en la Red, acortar los derechos de autor y exigir garantías para la privacidad de los usuarios. Abanderado de la defensa de las libertades civiles en la sociedad de la información, el navío pirata avanza viento en popa. En Suecia, ha conseguido 215.000 votos en los comicios europeos (un 7,1% de los sufragios) y así ha arribado al corazón de Europa: ya tiene un escaño en el Parlamento Europeo.


Propulsado por el éxito en Suecia, el estandarte pirata ha emprendido un movimiento internacional. Partidos hermanos han surgido en decenas de países, entre ellos España. El mayor triunfo ha ocurrido en Alemania. Allí han sumado más de 845.000 (un 2% del voto) en las pasadas elecciones federales; una cifra que, aunque en un país del tamaño de Alemania no basta para conseguir un escaño (el mínimo está en el 5%), sí que hay que tener en cuenta. Sobre todo porque un partido como el Pirata no aspira a gobernar sino a servir de bisagra independiente: "Obtener un diputado ya es un triunfo", señala Fernando Garrido, experto en tecnologías de la información del Observatorio para la Cibersociedad.

¿Cómo se explica el empuje de una formación surgida de Internet, al margen de los cauces políticos habituales, y con un programa tan específico? Las claves de su ascenso radican precisamente en la concreción de su programa y su atractivo entre los votantes jóvenes, muy distanciados de la política tradicional, según los sociólogos.

"Los partidos existentes han fracasado en la tarea de desarrollar políticas sensatas para la naciente sociedad de la información. En vez de aprovechar las fantásticas posibilidades de Internet, quieren usar la nueva tecnología para crear un Estado de vigilancia en el que el Gobierno tenga más control sobre la vida cotidiana de los ciudadanos", explica a este diario el eurodiputado del Partido Pirata sueco, Christian Engström. "En esta área tenemos una nueva perspectiva que aportar al debate político. El hecho de que tuviéramos tanto éxito en las recientes elecciones europeas muestra que hay muchos ciudadanos, en particular los jóvenes, que comparten nuestra perspectiva".

Especialmente decisivo ha sido el efecto aglutinante provocado por las acometidas delenemigo. Es lo que sucedió el pasado abril, cuando un tribunal sueco condenó a un año de prisión a los administradores de Thepiratebay.org, radicado en Suecia y considerado el mayor portal de enlaces a descargas P2P del mundo. Resultado: la afiliación al partido casi se triplicó. Ya tienen alrededor de 50.000 miembros.



El caso del Partido Pirata es singular porque nace en un nuevo medio de comunicación, pero tiene precedentes, según recuerda Enrique Guerrero, experto en análisis electoral de la Universidad Complutense de Madrid. "Históricamente ha existido el single issue party, el partido con un solo tema. Es lo que sucedió hace 30 años con Los Verdes y sus reivindicaciones de preservación del medio ambiente". La causa verde nació de la sociedad civil y los grandes partidos tradicionales acabaron incorporando sus reclamaciones. Algo así podría suceder con los piratas. "Si se convierte en un tema de gran relevancia social, uno de sus efectos positivos es que inciten a los grandes partidos a adoptar la causa", añade Guerrero.

El germen del Partido Pirata surgió en el seno de los grupos suecos de activistas por los derechos civiles. Ante la aprobación de leyes que pretendían controlar la información que circula en la Red y que podrían permitir que el Gobierno leyera e-mails privados, se fundó en 2003 la Oficina Pirata, un foro de discusión. La iniciativa ganó un gran impulso con la creación de The Pirate Bay (thepiratebay.org), un tracker (rastreador) de archivos que se ha consolidado como el mayor portal de enlaces a descargas P2P del mundo.

Finalmente, en 2006 el ingeniero informático Rickard Falkvinge puso en marcha el Partido Pirata, que recogía aquellas inquietudes aunque de manera independiente. "Los políticos no se han enterado de lo que ha pasado en los últimos 15 años con la revolución que han supuesto los teléfonos móviles e Internet", opinaba Falkvinge en una entrevista con este periódico poco después de fundar el partido, del que es líder. "Siguen repitiendo las mismas cosas y tienen que comprender que en la era de Internet el copyright es incompatible con el derecho a la confidencialidad".

La privacidad de las comunicaciones, insiste Falkvinge, es un derecho crucial: "Ningún Gobierno puede llegar a decretar que cada pieza de comunicación privada, y más aún en el futuro, es ilegal; que si yo envío una canción o un vídeo por e-mail a un amigo estoy cometiendo un delito". De manera que la defensa de las libertades civiles y la reforma de los derechos de autor están estrechamente relacionadas, según advierte Engström, "ya que la única forma de intentar mantener el actual régimen de copyright es supervisar todo lo que hace todo el mundo en Internet. Un precio que no estamos dispuesto a pagar".

La ecuación es clara: "Cuando la legislación sobre copyright, tal como está hoy, entra en conflicto con nuestros derechos humanos fundamentales, los derechos tienen que prevalecer y la ley de copyright debe ser modificada", señala el eurodiputado a través del e-mail.

Precisamente la reforma del copyright es quizá ahora la cuestión más complicada. El objetivo del Partido Pirata es limitarlo a cinco años, según explicaba el eurodiputado Engström en una entrevista reciente. "Hoy, el plazo de protección del copyright dura toda la vida de un autor, más 70 años, lo cual es ridículo. Las normas actuales no tienen sentido porque en ningún negocio se puede trabajar con la idea de recuperar el dinero durante 100 años". Su objetivo es claro: "Que sea totalmente legal el intercambio de archivos que no tenga finalidad comercial".

Es lo que sucede en España, donde las descargas son legales, incluidos los contenidos sujetos a derechos de autor, con la condición de que no haya ánimo de lucro. Pero es una situación que puede tener fecha de caducidad. La principal opositora es la industria cultural, que denuncia pérdidas continuadas debido a las descargas. El sector cinematográfico avisa de que lleva cuatro años seguidos de pérdidas en ventas de entradas, al tiempo que crecen las descargas, que superan los 300 millones al año. En el sector musical aseguran que hace ocho años que pierden ingresos. Y dan un dato: si en 2000 se vendían en España 600 millones de euros en discos, en 2008 han bajado a 225 millones.

Para poner coto a la situación, el Gobierno emplazó a la industria cultural, representada en la Coalición de Creadores e Industrias de Contenido, y a las operadoras de telecomunicaciones, agrupadas en Redtel, a que negociaran una autorregulación del sector. Pero las conversaciones quedaron bloqueadas el pasado mayo.

La Coalición pide que se penalice a los concentradores de contenidos (como eMule, Thepiratebay, BitTorrent) y que se persiga a los usuarios comunes y se les sancione con la desconexión. Las operadoras aprueban lo primero, pero rechazan frontalmente desconectar a usuarios comunes.

Ante la falta de acuerdo, Redtel ha pedido al Gobierno que regule las descargas y le ha comunicado sus peticiones: que la futura normativa respete "escrupulosamente" los datos personales de los usuarios, que se descarte suspender conexiones a Internet, entre otras medidas. Eso sí, también quieren que se les blinde jurídicamente ante cualquier reclamación de usuarios sancionados. Para supervisar la regulación se crearía un órgano independiente, la Comisión de Desarrollo y Control de Contenidos Digitales.

Ahora es el turno del Gobierno. Si quiere ilegalizar las descargas deberá modificar la ley, seguramente la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI) y la Ley de Procedimiento Administrativo. Ello daría a la Comisión la potestad que ahora sólo tienen los jueces para cerrar páginas web.

La Secretaría de Estado para las Telecomunicaciones ha avanzado que "pronto" habrá medidas contra la piratería, aunque no concreta fechas, según informaba Europa Press esta semana. También hay alternativas. La propia industria cultural española, junto a los grandes estudios estadounidenses, preparan para 2010 un gran portal de descargaslegales de música y películas.

Mientras, en Europa se impone el control del intercambio de contenidos en la Red. Los Gobiernos de Suecia, Francia y Reino Unido ya han endurecido sus leyes para permitir identificar y perseguir a los usuarios que descarguen contenidos sin pagar derechos de autor.

En cualquier caso, la mayoría de expertos da la bienvenida al Partido Pirata, una formación que, dicen, cuestiona la política tradicional. Los piratas "representan una nueva manera de ver la política, en general, y una nueva manera de actuar, en red, con contacto directo, con alianzas... Son un desafío a lo establecido y a la política formal", considera el asesor de comunicación Antoni Gutiérrez-Rubí. "Es un cambio en la manera de participar políticamente. Es decir, defienden intereses muy concretos pero, al mismo tiempo, desautorizan, con su voto crítico, al conjunto del sistema político".

Luego está el desencanto. Todos los expertos coinciden en que el crecimiento del credo pirata debe mucho a cierto cansancio respecto a la política tradicional. "No hay ninguna sintonía entre políticos e internautas", subraya Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. Con él coincide Gutiérrez-Rubí. El éxito pirata radica no sólo en el descontento de los jóvenes hacia la política sobre Internet, sino también a una desafección general "hacia esos partidos tradicionales y hacia sus políticas, que no responden a las demandas de la sociedad".

Otros consideran el movimiento pirata como poco más que una pataleta de usuarios a los que sólo les interesa las descargas. "Es un voto de protesta de jóvenes airados", sostiene Henrik Pontén, cabeza visible de la Oficina Antipiratería sueca, que representa los intereses de la industria del cine, según afirma en una entrevista con el semanario alemán Der Spiegel. "Los piratas se presentan como víctimas, pero en realidad son los responsables y están dañando a la industria del cine". Para otros, la propuesta pirata tendría mucho de "glamour publicitario, con un tono propio de estilos de vida posmodernos, hiperconsumistas y lúdicos", afines a un grupo social "medio alto, urbano, semijoven y cosmopolita", señala José Luis Dader, experto en Comunicación Política de la Complutense.

El avance del Partido Pirata, y los objetivos que persigue, parecen resultar incómodos para algunas instituciones. De hecho, ni la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información, dependiente del Ministerio de Industria, ni la empresa pública Red.es (encargada de impulsar la implantación de las tecnologías de la información), ni el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información han querido opinar para este reportaje. "Es un tema político", zanjan.

El programa pirata es ambicioso, como destaca Carlos Ayala, presidente de la Junta Directiva Nacional del Partido Pirata de España. "Hablamos de la exigencia de transparencia de los cargos públicos, de la reforma del sistema de patentes, del apoyo alsoftware libre, entre otros". Todo se resume en tres pilares: la libre circulación de la cultura, la reforma del copyright y las patentes, y la protección de los derechos de los ciudadanos, con especial atención a la privacidad, que preocupa cada vez más. De hecho, la protección de datos de los usuarios en Internet inquieta a más de la mitad de los españoles, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

"Muchas de las reivindicaciones del partido buscan la protección de derechos fundamentales", advierte Domingo, "porque la batalla por la defensa de los derechos civiles en el siglo XXI se libra en Internet", remacha. La discusión atañe a los fundamentos de la Red. "Hay un debate abierto sobre la neutralidad de Internet, sobre el papel de las operadoras y de los usuarios, y se está haciendo de manera oscura y de espaldas al ciudadano", advierte Garrido.

Son cuestiones que los jóvenes sienten muy cercanas. "El Partido Pirata asume un programa que afecta a millones de personas, pero sobre todo atrae a los jóvenes, que son los que consumen más tecnologías y los que menos dispuestos están a pagar por ello", añade el sociólogo Guerrero. Esos nativos digitales miran la Red como su espacio público natural, indica Garrido. "Ven que su lugar de expresión es Internet y que hay multinacionales que quieren cerrarlo". Aun así, en el partido sostienen que sus militantes se dividen a partes iguales entre menores y mayores de 30 años.

Otros son escépticos sobre el futuro del partido. "Es fruto del momento; en cuanto se regulen sus reivindicaciones, puede que se haga prescindible", avisa Guerrero. El partido, añade, se ha beneficiado de que frente a los programas abstractos y mesurados de los grandes partidos, ellos proponen uno muy concreto y atractivo. "Al votante joven le suenan ajenos asuntos como la sanidad, las pensiones, crear infraestructuras o la sostenibilidad de las empresas", añade. "Y sus votantes no los perciben como políticos tradicionales. Pero cuando vean que se comportan como políticos normales, llegará el desencanto de la utopía".

Sea como fuere, sólo el tiempo dirá si la acometida pirata es sólo una batalla o el principio de la guerra por los derechos civiles en la sociedad de la información.

Los principios del ideario pirata

El Partido Pirata sueco se propone como objetivo principal facilitar el advenimiento de una sociedad de la información "diversa y abierta", según consta en su Declaración de Principios, que sirve de modelo para el resto de partidos hermanos. Tal cometido se asienta en tres pilares: la protección de los derechos de los ciudadanos, la libre difusión de la cultura y la consideración de que las patentes y los monopolios privados perjudican a la sociedad.

- Derechos. El derecho a la privacidad de la correspondencia, recogido en las constituciones de los países de la UE, debe defenderse ante un desarrollo tecnológico que permite a los Estados controlar las comunicaciones de los ciudadanos. "Que los Gobiernos utilicen los poderes de vigilancia contra ciudadanos que no son sospechosos de ningún delito es inaceptable y supone una violación del derecho de privacidad", reza la declaración. "Igual que se prohíbe leer el correo ajeno, debería vetarse la lectura y el acceso al e-mail, los sms u otras formas de mensajería".

- 'Copyright'. "Compartir copias, o difundir o emplear obras para usos sin ánimo de lucro, nunca debería ser ilegal dado que tal uso justo beneficia a toda la sociedad", recoge el texto. Incluso añaden que debería impulsarse todo uso, tratamiento y distribución de cultura que no tenga ánimo de lucro. "Proponemos una reducción de la protección del copyright comercial, es decir, el monopolio para crear copias de una obra con propósitos comerciales, a cinco años desde la publicación de la obra".

- Patentes. Consideran que sirven para crear monopolios privados y quieren suprimirlas. "Son empleadas cada vez más por las grandes compañías para impedir que empresas más pequeñas puedan competir en igualdad de condiciones", advierte el documento. Consideran que han quedado obsoletas, que son innecesarias y que representan una traba para la innovación. Por ello, abogan por abolirlas gradualmente.

Fuente: El Pais


domingo, 1 de noviembre de 2009

Los sondeos quedaron en la mira del Gobierno

El proyecto de reforma política que promueve el Gobierno tiene otro aspecto que a medida que empieza a leerse la letra chica de la ley provoca más dudas.

Se trata de la prohibición de difundir encuestas electorales desde 15 días antes de los comicios y, en general, toda la regulación que establece en torno a los sondeos.

Según el articulado de la iniciativa kirchnerista, las consultoras que "deseen hacer públicas por cualquier medio encuestas de opinión o prestar servicios a las agrupaciones políticas [capítulo II, Art. 86]" deberán primero anotarse en un registro ante la Cámara Nacional Electoral.

Además, durante la campaña, tendrán que presentar un informe de cada trabajo que realicen, en el que deberá constar quién los contrata, todos los detalles técnicos de la encuesta y cuánto cobraron por hacerla.

Esta información "será publicada en el sitio web de la Justicia Nacional Electoral para su público acceso por la ciudadanía", dice el proyecto.

Los referentes de la Coalición Cívica y la UCR habían pedido esta medida de control de las empresas de sondeos en las últimas elecciones, porque sospechaban que las encuestadoras contratadas por el Gobierno y por Unión Pro tendían a beneficiar a sus clientes con sus números.

Sin embargo, para algunas ONG que trabajan por la transparencia, el control es excesivo, sobre todo por las sanciones previstas en la ley: cualquiera que incumpla la normativa no podrá inscribirse en el registro de encuestadores (es decir que no podrá trabajar) "por un período de entre dos y cuatro elecciones".

Los costos

La medida también fue rechazada por la mayoría de las consultoras. "Es violatorio de la confidencialidad de una profesión liberal y no hay razones que justifiquen semejante exigencia. Es la AFIP la que debe tener la información del monto de las facturas, y no el Gobierno; no es correcto ni ético hacer publicidad con un cliente", apuntó Graciela Römer.

Pero sin dudas el artículo que provoca más críticas es el 87, que dice que "15 días antes de las elecciones ningún medio de comunicación [...] podrá publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión, o pronósticos electorales, ni referirse a sus datos".

Para Fabián Perechodnick, director de Poliarquía, se trata más que nada de una restricción para los medios. "Nosotros seguiremos realizando trabajos, pero no les dejarán a los medios publicarlos", sostuvo. La directora de Poder Ciudadano, Delia Ferreira Rubio, consideró que la norma "atenta contra la libertad de expresión", porque es una prohibición que pesará más que nada sobre los medios, que no podrán ni siquiera "referirse a los datos" de las encuestas, algo impensado en las mayores democracias del mundo.

Fuente: La Nación

domingo, 23 de agosto de 2009

Pasaría a depender del Estado la financiación de la política


Por Mariana Verón

Apurado para que se lo debata antes del recambio legislativo, el Gobierno aceleró la redacción del proyecto de reforma política con el que quiere aplicar una drástica limitación al financiamiento privado de las campañas políticas: la Casa Rosada pretende prohibir la inversión en publicidad televisiva, un gasto al que se destinan las mayores sumas en todas las campañas electorales.

La reforma contemplará que los espacios para avisos audiovisuales sean sólo los que cede el Estado a través del reparto oficial de segundos, que se define por sorteo en cada período electoral, según indicaron altas fuentes del Gobierno. Esa es una de las novedades que surgieron en la ronda de encuentros con los partidos políticos, lanzada por la Presidenta después de la derrota del 28 de junio.

El matrimonio Kirchner, en su afán de controlar el peronismo, avanzará también con la idea de convocar a elecciones primarias para definir candidatos con una iniciativa que imita el sistema que se aplica en Estados Unidos, es decir, por estados. El proyecto contempla dividir el país en cuatro regiones, una idea que acercó la oposición. Con el manejo de la obra pública hacia las provincias en manos de la Casa Rosada, el oficialismo se garantiza así una ventaja en el interior.

Según dijeron a La Nacion el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el subsecretario de Asuntos Políticos, Norberto García, que trabajan en la redacción con el ministro del Interior, Florencio Randazzo, el Gobierno buscará el acuerdo de la oposición para prohibir el gasto en televisión y radio financiado de manera privada, que cada campaña se lleva entre el 70 y 90 por ciento del total de la inversión. Este año hubo cifras millonarias. Tanto Francisco de Narváez como Néstor Kirchner hicieron un cálculo de gasto en propaganda cercano a los 13 millones de pesos, según la última rendición de cuentas presentada ante la Cámara Nacional Electoral.

Con esta medida, los candidatos no podrán invertir en televisión, aunque sí se mantendrá el financiamiento privado para el resto de la campaña. "Vamos a restringir la publicidad audiovisual al máximo", planteó Abal Medina, y confió en que el Gobierno impulsará que fuera solamente a través del reparto oficial. Según establece la ley, para elecciones presidenciales hay disponibles 600 horas para la televisión.

La Casa Rosada sostiene que el debate está abierto a las propuestas opositoras y quiere que los cambios lleguen al Congreso en noviembre, para ser aprobados antes del 10 de diciembre. En todo este esquema, el oficialismo correrá con ventaja: siempre estarán los actos institucionales de la Presidenta para poder mostrar, que en cada campaña generan polémica.

Otra de las propuestas que surgieron en los encuentros, y que el Gobierno podría impulsar, es regular la participación de candidatos en los programas periodísticos. Una rareza: en la última campaña, el ex presidente dio, por propia elección, muy pocas entrevistas y es costumbre del matrimonio no participar de ningún programa.

Por el peronismo

Más allá de las fuertes restricciones a los gastos proselitistas, lo que más promueve la Casa Rosada son las elecciones internas de candidatos. El proyecto, que copia una parte del sistema norteamericano, lo acercó nada menos que el senador por San Luis Adolfo Rodríguez Saá, y Cristina Kirchner comentó en su viaje a Quito y Caracas, la semana pasada, que lo quiere instalar.

Sea que compitan solos o con otros postulantes, nadie podrá presentarse a las elecciones nacionales sin antes haber pasado por las internas, que se harán en cuatro regiones del país, prevén en el Gobierno. Quienes no tengan competidores necesitarán revalidar su candidatura con el 3% del padrón, con lo que también se achicará la cantidad de partidos que queden en la grilla de presidenciables.

La premura del Gobierno en aprobarlo antes del recambio legislativo obedece a la necesidad del ex presidente de garantizarse el mecanismo legal para provocar, envalentonado por los últimos triunfos legislativos. Imagina que con la base del 30 por ciento que sacó en la elección de junio ?y el manejo del PJ bonaerense? otros peronistas tendrán miedo de enfrentarlo dentro del partido, si él deseara presentarse. Llámese Carlos Reutemann, Felipe Solá o hasta Mauricio Macri, deberán disputarle el poder mano a mano a Kirchner, todavía en control de las arcas estatales hasta 2011, dicen en el oficialismo.

"Esto obliga a federalizar la campaña. Los candidatos tendrán que ampliar sus discursos para ganar las respectivas regiones", indicó Abal Medina.

El borrador contempla que se hagan cuatro elecciones internas a lo largo de dos meses, en las regiones en las que se divida el país, y un mes antes de los comicios generales.

El modo de votación es el capítulo más complejo. La Casa Rosada dice mostrarse dispuesta a incorporar la boleta única, pero sólo para el caso de elecciones presidenciales. Por el momento parece más una actitud para no enfrentarse de antemano con la oposición, que había instalado el debate en medio de la campaña anterior, y el Gobierno lo había descartado de plano.

En el caso del voto electrónico no hay entusiasmo. "Está cuestionado en muchos países, como Alemania. Pero se puede estudiar", dijo García. Pero los funcionarios encuentran una excusa perfecta para descartarlo: que requiere una inversión millonaria. Y son tiempos de crisis.

LOS CAMBIOS

  • Financiamiento : el Gobierno pretende eliminar la propaganda política pagada con fondos privados en los medios audiovisuales. Se restringirá a los minutos que ceda el Estado.

  • Internas : se instalará un sistema similar al norteamericano de elecciones primarias y obligatorias. En lugar de hacer un comicio por cada provincia, se dividirá el país en cuatro regiones. La diferencia es que aquí sería obligatorio el voto.

  • Boleta única : la Casa Rosada sólo está dispuesta a incorporarla para elecciones presidenciales. En cuanto al voto electrónico, hay mayor resistencia.

  • Al Congreso : las reuniones con los partidos terminarán esta semana y comenzará el debate técnico con organizaciones y la justicia electoral.

SIN ELECCIONES INTERNAS EN CÓRDOBA

  • CORDOBA. El PJ y la UCR de Córdoba lograron despejar la tormenta que se avecinaba en las dos fuerzas políticas, al acordar la suspensión de sus respectivos comicios internos. El gobernador Juan Schiaretti logró así algo de oxígeno, ante la ofensiva en el partido de José de la Sota, su antecesor, que culpa a la conducción del PJ de la derrota de junio.
  • Fuente: La Nación

martes, 21 de julio de 2009

El presidencialismo, un verdadero cancer

Mario Bunge

Es sabido que hay dos regímenes de gobierno democrático: el parlamentario, de origen británico, y el presidencial, de estilo norteamericano. También es sabido que casi todas las repúblicas del Tercer Mundo son presidencialistas.

En el régimen parlamentario, el primer ministro y sus colegas del gabinete son diputados elegidos por la ciudadanía. Sus poderes están estrictamente limitados y sus actos son juzgados constantemente, ya que sus opositores les exigen cuentas y los interpelan todas las semanas en el recinto parlamentario, en sesiones televisadas.

Los gobiernos parlamentarios tienen la gran virtud de ser vulnerables, por lo cual deben andarse con cuidado: pueden caer de la noche a la mañana por haber perdido un voto de confianza.

Este peligro o, mejor dicho, esta oportunidad, se da cada vez que el gobierno se vuelve minoritario. Esto ocurre cuando ha subido en virtud de una alianza de partidos y luego perdió el respaldo de las agrupaciones que lo han ayudado a llegar al poder.

En este caso, el primer ministro puede cambiar de ocupación, pero conservará su banca hasta las siguientes elecciones.

Semejante cambio transcurre sin que se dispare un solo tiro, sin que se mande a nadie al destierro y sin que ni siquiera se gaste dinero en una campaña electoral. La única erogación que ocasiona la operación de cambio de gobierno puede ser la redecoración de la residencia del primer ministro.

(Esto ocurrió en Canadá dos veces en el curso de ocho meses: cuando Pierre Elliott Trudeau, liberal y hombre de mundo, fue derrotado en el Parlamento por Joe Clark, conservador y provincial, quien a su vez fue sucedido por su predecesor. Al volver, Trudeau se sintió asqueado por el mal gusto de su rival. Repintar una residencia oficial cuesta mucho menos que derribar o enjuiciar a un presidente.)

En el régimen presidencial, el primer mandatario nombra los ministros que se le antoja, y ellos obran to his pleasure , a su gusto, a espaldas de la opinión pública y sin inquietarse por su futuro político. El presidente puede vetar cualquier proyecto de ley, y el parlamento no puede exigirles a él ni a sus ministros que comparezcan en cualquier momento ante los representantes del pueblo para dar cuenta de sus actos. Y si se lo permite un parlamento amigo o cobarde, el mandalluvias puede gobernar por decreto. Incluso puede derogar centenares de leyes, como lo hizo en un solo día el anterior presidente norteamericano.

Si comparece y queda en evidencia, al ministro-lacayo nada le pasa. Podrá ser acusado de crímenes de guerra, como ocurrió con John McNamara, Henry Kissinger y Donald Rumsfeld. Pero gozará de la impunidad que le confiere la complicidad con un mandatario casi todopoderoso.

En resumen, el régimen presidencial es lo más parecido a una autocracia que puede darse en una democracia política. No debiera de extrañar, entonces, que la mayoría de los gobiernos presidencialistas sean dictaduras o, por lo menos, dictablandas.

Tampoco debería extrañar que tantos de esos presidentes y sus ministros saqueen impunemente el tesoro público, incluso en naciones pobrísimas. Este saqueo no siempre implica meter la mano en la caja fuerte. Puede consistir en asignar inmensos trabajos a empresas amigas, a costos fabulosos y sin licitación pública. (Recuérdese los casos de las legendarias empresas Halliburton, Bechtel y Kroll, amigas de George W. Bush y de su vice, Dick Cheney.)

Si el presidente cuasiomnipotente es carismático, o si dispone de una buena agencia de imagen pública o de una eficiente maquinaria de movilización popular, puede generar el personalismo. Este, a su vez, le permite abusar del poder, como pasó con tantos personajes sin más visión ni competencia que la necesaria para seguir aferrados al poder.

El presidente cuasiomnipotente tiende a ser tomado como modelo. Los jóvenes que quieren triunfar lo copian hasta en sus tics. Si es propenso a la violencia, alienta a los matones. Si es corrupto, propicia el robo. Si es mitómano, justifica a los mentirosos. Si es inculto, pone de moda la incultura. En resumen, el mandalluvias torcido imprime su carácter deforme en toda una generación.

El presidencialismo disminuye todas las instituciones democráticas, empezando por el parlamento. Hace medio siglo, en pleno auge del PRI, un equipo de politicólogos mexicanos hizo una encuesta reveladora entre chicos de la escuela primaria. Una de las preguntas era: "¿Cuál es la función de los diputados?". La respuesta mayoritaria fue: "Los diputados son los ayudantes del señor presidente". ¡Sobresaliente!

Pocos años después, uno de mis hijos, que cursaba el tercer grado en una buena escuela mexicana, hizo una monografía sobre la historia del país. Allí escribió: "Las personas más importantes de la historia mexicana son Hernán Cortés y el presidente Echeverría". Su trabajo mereció una buena nota.

En aquella época, los mexicanos típicos que tenían alguna queja o pedido se dirigían al señor presidente, no al parlamentario de su distrito electoral. Y si les fallaba el presidente, no les quedaba sino la Virgen de Guadalupe.

Entre el Estado y el individuo no había organizaciones no gubernamentales que defendieran sus derechos.

El presidencialismo no sólo disminuye la democracia y favorece la corrupción, sino que también da un mal ejemplo que cunde: los dirigentes de todas las organizaciones tienden a adoptar el estilo presidencialista.

O sea: dan órdenes sin consultar a sus subordinados y menos aún los invitan a que participen en la toma de decisiones. El jefe de oficina actúa como un tirano, lo que es particularmente dañino cuando es incompetente.

El resultado del ejercicio de semejante liderazgo antidemocrático es la apatía de los de abajo: trabajan lo menos posible y no se atreven a sugerir cambios para resolver problemas. Muchísimo menos todavía piensan en modificaciones para mejorar el rendimiento de la organización, ya que no la sienten como cosa suya.

La democracia auténtica es participativa, porque no es otra cosa que autogobierno. La participación libre (voluntaria) no se puede falsear.

En cambio, la representación puede desvirtuarse de varias maneras: mediante el fraude, la compraventa de votos, la compra de espacios televisivos, la votación del tipo "quien saca más votos se queda con todo" (a diferencia de la proporcional), etcétera.

En una organización grande, la participación no puede ser directa: ha de ser representativa. Pero siempre es posible y deseable subdividir un sistema social grande en unidades menores. De esta manera, puede asegurarse la participación intensa en las unidades básica, junto con la representativa en las de orden superior.

Esta democracia, que llamo escalonada, se practica en todo el mundo. Pero, de hecho, rara vez se consulta a los de abajo sobre cuestiones importantes. Y rara vez se asciende de petiso de los mandados a director de empresa. Donde domina la mentalidad presidencialista, los ascensos están al arbitrio del mandamás. Y éste favorece al leal, o incluso al servil, por sobre el competente.

Son excepcionales las organizaciones en las que rige la meritocracia. En las más, dominan la autocracia y su fiel compañera, la mediocracia.

Las organizaciones meritocráticas son tan excepcionales que se las puede enumerar: entre ellas están el ejército ateniense de la época de Pericles, el ejército napoleónico, en el que "todo soldado lleva el bastón de mariscal en su mochila"; las cooperativas, las organizaciones no gubernamentales de bien público, tales como las asociaciones vecinales, la buena universidad, y pará de contar.

Raúl Alfonsín intentó, en la reforma constitucional de 1994, avanzar hacia un régimen parlamentario, pero su empeño no tuvo resultados en la práctica. Se explica: un régimen parlamentario no da cabida a un mandatario omnímodo, sea populista como Perón o plutocrático como los Bush.

Se objetará que el parlamentarismo no es garantía de buen gobierno. Es verdad. La perfección es prerrogativa de la matemática y del arte. Hay por lo menos dos maneras de desvirtuar el régimen parlamentario. Una es combinarlo con el presidencial, como ocurre en Francia. Si ambas ramas pertenecen al mismo partido, pueden funcionar. De lo contrario, los parlamentarios gastan más tiempo peleando entre sí que legislando. (Esto sucedió durante la última fase del "gobierno de cohabitación" del presidente socialista François Mitterrand con el jefe de gabinete conservador, Jacques Chirac.)

Otra manera de desvirtuar el parlamentarismo es elegir un parlamento sumiso, que se limite a aprobar todos los proyectos que le proponga el presidente. En este caso, el parlamentarismo apenas se distingue del presidencialismo, porque, de hecho, el parlamento no cumple su papel específico.

En todo caso, es más fácil corregir errores y evitar delitos políticos cuando el poder se distribuye que cuando se concentra. Esto se debe, en parte, a que el poder se debilita al diluirse (democratizarse). Y también a que el poder compartido incluye el debate y la transparencia.

En resumen: el presidencialismo es un cáncer que tiende a la metástasis en toda la sociedad. Habiendo fracasado desde su origen, en 1776, es hora de reemplazarlo por el parlamentarismo, el que invita a intensificar la participación, que es el carozo de la democracia auténtica. Además, divide menos y cuesta mucho menos. Aliente el parlamentarismo y ahórrese unos pesos.

Fuente: La Nación