En los comienzos del conflicto entre el campo y el Gobierno, uno se pudiese haber imaginado, sin lugar a dudas, que el Gobierno Nacional y más precisamente la Presidente Cristina Fernández de Kirchner, se había equivocado en la percepción acerca de qué naturaleza tenía en sí mismo el conflicto. Esto es, el Gobierno lo entendía como una puja entre las relaciones de poder (básicamente poder) mientras que el campo (y quizás toda la sociedad en su conjunto) lo veía como un problema en términos de redistribución de la riqueza.
En estos últimos días, y con razón del fracaso de las negociaciones, el tablero ha cambiado y han comenzado, ambos actores, a hablar el mismo lenguaje: el lenguaje político, es decir, en términos de Poder.
En este sentido, se puede hablar de que ahora el Gobierno se va a enfrentar directamente al enemigo más poderoso que ha tenido en estos 4 años y medio de gestión. El campo, como actor de la sociedad civil, se ha transformado, conscientemente o inconscientemente, en un actor político. Esta condición cambió porque el discurso político lo ha hecho mutar a esta nueva condición. Y en esta pulseada, aparece, en primeros términos, con clara ventaja sobre el Gobierno.
En primer lugar, el Gobierno, como actor central de la sociedad políticamente organizada, es el receptor de todas las demandas que la sociedad produce, y debe, directa o indirectamente, satisfacerlas ó al menos, negociar y tratar de conciliar los intereses en pugna.
Claramente, en este sentido, el Gobierno ha fallado y esto lo demuestra la falta de capacidad que existió en las negociaciones para poder llegar a un acuerdo medianamente aceptable para las partes. Sin contar, desde luego, las peripecias que se vivieron en el lapso que duró esta “tregua”, tales como: los desplantes, las demoras e inclusive los agravios que llegó a recibir el campo por parte del ex Presidente Néstor Kirchner.
Vuelve el Gobierno a fallar en la desatinada construcción de su discurso. Intentando introducir en la opinión pública, la idea de que las retenciones permiten que los precios de los alimentos no se disparen y así, la sociedad argentina, pueda consumirlos a un precio acorde al nivel de ingresos.
El común de la gente no analiza la suba generalizada de precios desde los parámetros de las ciencias económicas, sino, desde algo mucho más real: su bolsillo y las bolsas del supermercado. Y aquí está el meollo de la cuestión, la gente percibe que el dinero que gana en concepto de salario no le es suficiente. Entonces el discurso del Gobierno empieza a resquebrajarse. Al análisis es simple, las retenciones evidentemente no son eficientes como mecanismo de control de precios dado que el común de la gente ve, cada vez más, como queda excluida de la posibilidad de consumir ciertos alimentos, como por ejemplo, la carne.
Por otro lado, el campo, trata de reforzar la idea de que sin retenciones, o al menos, con una política seria a largo plazo que ayude a incrementar la oferta de alimentos, éstos podrían ubicarse en un precio que algunos dirigentes agropecuarios denominaron “regalados”.
La percepción mayoritaria de la ciudadanía y el discurso de los sectores agropecuarios ya son suficientes para minar el discurso del Gobierno.
El rechazo que producen las retenciones en la ciudadanía tiene también otras fuentes: la falta de controles y de publicidad de los actos de gobiernos que permitan comprobar que el dinero que se recauda vuelve, de alguna forma, a la gente. Esto es, el común de la ciudadanía no percibe que haya mejoras en los servicios básicos del Estado, entre los que contamos salud, educación, rutas, etc. Y si, en cambio, aparecen pintorescos personajes que parecen haber sido extraídos de películas de terror como Moyano ó D’Elía que apoyan al gobierno y su financiamiento no se conoce bien de donde proviene. Resumiendo. Entre la falta de evidencia y el manejo poco claro y poco transparente de los recursos del Gobierno, las retenciones terminan teniendo un significado poco menos que de recaudación para fines exclusivamente políticos.
Por el lado del campo, tenemos dos cuestiones que le juegan a favor. La primera, es la humildad que le reconocería la sociedad en deponer la medida de huelga que le exigía el Gobierno, para poder entablar las negociaciones. Por otro lado, el apoyo que genera per se la quita de una gran parte de su rentabilidad en concepto fiscales, a costa de las dudas en la redistribución de los ingresos estatales.
A simple vista el campo tendría, en este nuevo rol de actor político, una clara ventaja sobre el Gobierno. No tanto por sus propias virtudes, sino por una concatenación de errores por parte del Gobierno, nuevos y arrastrados, que le han restado capital político y se lo han sumado al campo.
En estos últimos días, y con razón del fracaso de las negociaciones, el tablero ha cambiado y han comenzado, ambos actores, a hablar el mismo lenguaje: el lenguaje político, es decir, en términos de Poder.
En este sentido, se puede hablar de que ahora el Gobierno se va a enfrentar directamente al enemigo más poderoso que ha tenido en estos 4 años y medio de gestión. El campo, como actor de la sociedad civil, se ha transformado, conscientemente o inconscientemente, en un actor político. Esta condición cambió porque el discurso político lo ha hecho mutar a esta nueva condición. Y en esta pulseada, aparece, en primeros términos, con clara ventaja sobre el Gobierno.
En primer lugar, el Gobierno, como actor central de la sociedad políticamente organizada, es el receptor de todas las demandas que la sociedad produce, y debe, directa o indirectamente, satisfacerlas ó al menos, negociar y tratar de conciliar los intereses en pugna.
Claramente, en este sentido, el Gobierno ha fallado y esto lo demuestra la falta de capacidad que existió en las negociaciones para poder llegar a un acuerdo medianamente aceptable para las partes. Sin contar, desde luego, las peripecias que se vivieron en el lapso que duró esta “tregua”, tales como: los desplantes, las demoras e inclusive los agravios que llegó a recibir el campo por parte del ex Presidente Néstor Kirchner.
Vuelve el Gobierno a fallar en la desatinada construcción de su discurso. Intentando introducir en la opinión pública, la idea de que las retenciones permiten que los precios de los alimentos no se disparen y así, la sociedad argentina, pueda consumirlos a un precio acorde al nivel de ingresos.
El común de la gente no analiza la suba generalizada de precios desde los parámetros de las ciencias económicas, sino, desde algo mucho más real: su bolsillo y las bolsas del supermercado. Y aquí está el meollo de la cuestión, la gente percibe que el dinero que gana en concepto de salario no le es suficiente. Entonces el discurso del Gobierno empieza a resquebrajarse. Al análisis es simple, las retenciones evidentemente no son eficientes como mecanismo de control de precios dado que el común de la gente ve, cada vez más, como queda excluida de la posibilidad de consumir ciertos alimentos, como por ejemplo, la carne.
Por otro lado, el campo, trata de reforzar la idea de que sin retenciones, o al menos, con una política seria a largo plazo que ayude a incrementar la oferta de alimentos, éstos podrían ubicarse en un precio que algunos dirigentes agropecuarios denominaron “regalados”.
La percepción mayoritaria de la ciudadanía y el discurso de los sectores agropecuarios ya son suficientes para minar el discurso del Gobierno.
El rechazo que producen las retenciones en la ciudadanía tiene también otras fuentes: la falta de controles y de publicidad de los actos de gobiernos que permitan comprobar que el dinero que se recauda vuelve, de alguna forma, a la gente. Esto es, el común de la ciudadanía no percibe que haya mejoras en los servicios básicos del Estado, entre los que contamos salud, educación, rutas, etc. Y si, en cambio, aparecen pintorescos personajes que parecen haber sido extraídos de películas de terror como Moyano ó D’Elía que apoyan al gobierno y su financiamiento no se conoce bien de donde proviene. Resumiendo. Entre la falta de evidencia y el manejo poco claro y poco transparente de los recursos del Gobierno, las retenciones terminan teniendo un significado poco menos que de recaudación para fines exclusivamente políticos.
Por el lado del campo, tenemos dos cuestiones que le juegan a favor. La primera, es la humildad que le reconocería la sociedad en deponer la medida de huelga que le exigía el Gobierno, para poder entablar las negociaciones. Por otro lado, el apoyo que genera per se la quita de una gran parte de su rentabilidad en concepto fiscales, a costa de las dudas en la redistribución de los ingresos estatales.
A simple vista el campo tendría, en este nuevo rol de actor político, una clara ventaja sobre el Gobierno. No tanto por sus propias virtudes, sino por una concatenación de errores por parte del Gobierno, nuevos y arrastrados, que le han restado capital político y se lo han sumado al campo.
Daniel Roura
