MÉXICO, D.F.— Eran políticos de mediana presencia que querían ser votados este 4 de julio, pero terminaron en la tumba. Seis en la última semana, 31 en los últimos tres meses: candidatos a alcaldes, hijos y hermanos de éstos; regidores en potencia, coordinadores en campaña, futuros legisladores.
Algunos de ellos apenas habían levantado la mano como precandidatos cuando fueron raptados y desaparecidos hasta la fecha, como Evaristo Ortega y Francisco Mota que contenderían por la candidatura a la presidencia municipal de Nautla, Veracruz, por el derechista Partido Acción Nacional (PAN).
Millones de mexicanos están convocados en 14 estados del país para renovar mañana congresos y alcaldías; en 12 se elegirá también a los ejecutivos tras una campaña a la sombra de espionajes políticos y hechos sangrientos relacionados con la delincuencia organizada.
El asesinato del postulante a la gubernatura del fronterizo estado de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, elevó el nivel jerárquico en los ataques por parte del narcotráfico. Al menos así lo visualizó la dirigente nacional del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes, quien clamó personalmente por justicia.
La historia moderna de México no tiene registro de asesinatos a ese nivel que hayan sido relacionados con el narcotráfico, y sólo existe como antecedente el homicidio de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI en 1994, crimen que se ligó con asuntos políticos.
"Se está ejerciendo cada vez más presión", dijo Martín Barrón, analista de temas políticos y seguridad nacional del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). "Los delincuentes están interesados en el perfil del personaje con el que van a negociar".
A la cantidad de ejecutados se suma también una cifra no precisa de intimidaciones contra funcionarios de alto nivel, entre los que se encuentran los mandatarios de Veracruz, Fidel Herrera; de Sinaloa, Jesús Aguilar; Chihuahua, José Reyes Baeza; de Tamaulipas, Eugenio Hernández, y el de Tabasco, Andrés Granier, según denuncias de este último.
En días pasados, Xóchitl Gálvez, ex titular de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y hoy candidata a la gubernatura por la coalición Hidalgo nos Une, integrada por PAN, PRD y Convergencia, cambió el domicilio de su familia por temor a una atentado.
En estados con añejos vínculos con el narcotráfico como Sinaloa (noreste), grupos de oposición han denunciado supuestas ingerencias de los grupos criminales para imponer a sus candidatos, pero nunca han recibido eco para investigar a los políticos, entre los que se encuentra el actual gobernador.
Entre el 12 y el 21 de junio pasados las casas de campaña de los candidatos a gobernador de Sinaloa del PAN, PRI y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) fueron atacadas con bombas molotov ante la pasiva reacción de las autoridades locales.
"Les preocupa más el resultado que habrá en los comicios que la propia seguridad", aseguró Leonel Aguirre, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa.
"Están incidiendo en el voto con regalo de despensas, chanclas, camisas, vajillas, y hay tanto dinero en propaganda que no es raro pensar que alguien poderoso los está apoyando porque el presupuesto de 28 millones de pesos [poco más de dos millones de dólares] alcanzaría para todos", agrega.
Este juego sucio de persuasión el sufragio que por siete décadas atizó el PRI, actualmente se está combinando con otro método más radical y práctico para los criminales: eliminar al enemigo que limita o se opone a sus negocios.
Precisamente en Sinaloa, el 14 de junio pasado Enrique Mendívil,un abogado y exitoso ganadero que pretendía ser regidor de Culiacán por la alianza Para Ayudar a la Gente —que integran PRI, Partido Verde y Nueva Alianza—, murió alcanzado por un bala especial que traspasó el blindaje de su camioneta.
Otros políticos corrieron la misma suerte en días previos a la muerte de Torre Cantú en Tamaulipas, cuna del cartel del Golfo, hoy en disputa con sus ex sicarios Zetas. Mario Guajardo, contendiente del PAN a la alcaldía de Valle Hermoso, y su hijo fueron acribillados en el interior de su empresa.
En esta entidad, el crimen organizado ha impuesto durante lustros, y a punta de fusiles, silencio en los periódicos locales, toques de queda, garitas de cobro en carreteras e incluso a quién no quieren como candidatos, como en el caso de Rodolfo Torre, aunque ahora su hermano Egidio lo releva en la elección.
La situación ha hecho réplica en otros estados, donde algunos políticos han declinado a sus aspiraciones, como ocurrió a Yolanda Sifuentes, aspirante a la presidencia municipal de Santiago Papasquiaro, Durango, que se retiró de la contienda tras recibir amenazas de muerte contra ella y sus hijos.
A pesar de la presión contra los políticos, para los analistas no existe un impacto directo en los votantes, salvo la abstención. "La lucha no es contra la gente, sino entre los mismos delincuentes, las autoridades y en mayor medida con la sociedad, por lo que el miedo puede ser un mero reflejo de protección, pero sin fundamento".
Por lo pronto, algunas organizaciones de mujeres en Ciudad Juárez y civiles en el sureño Oaxaca reconocieron que el temor los ha vencido y no votarán.
Fuente: La Opinión
No hay comentarios:
Publicar un comentario