Más de nueve años después de que estallara el escándalo, la Cámara Federal confirmó ayer el procesamiento de Fernando de la Rúa en la causa de los sobornos en el Senado y dejó al ex presidente a un paso de enfrentar un juicio oral.
Según los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun, hay pruebas suficientes para que De la Rúa sea enjuiciado como acusado de haber coimeado a senadores peronistas, en abril de 2000, para que aprobaran la ley de reforma laboral.
La Sala I del tribunal ratificó el fallo del juez federal Daniel Rafecas, que el 25 de febrero del año pasado había procesado al ex mandatario como coautor de cohecho activo, un delito que contempla una condena de entre uno y seis años de cárcel. Los defensores de De la Rúa, quien ayer se encontraba fuera del país, analizan apelar la resolución.
Pese a que sólo Farah dio por probada la reunión en la Casa Rosada en la que el entonces presidente habría dado la orden de pagar las coimas, los dos camaristas coincidieron en que De la Rúa estaba al tanto de las "negociaciones ilícitas" para la aprobación de la ley.
"No se trata de atribuirle responsabilidad objetiva derivada de su cargo -sostuvo Irurzun-, sino de cómo es posible que se haya retirado del edificio de la SIDE la suma de $ 5 millones con el destino y finalidad indicados, sin su conocimiento, pues resulta impensable a estas alturas que el entonces secretario de Inteligencia o el entonces ministro laboral actuaran en cumplimiento de un plan común inconsulto o en su propio beneficio."
Tras la confirmación de la Cámara, Rafecas dará por cerrada la investigación en los próximos días para luego disponer la elevación a juicio, un trámite que le demandaría unos 45 días y que no podría ser demorado por presentaciones de la defensa del ex presidente, según funcionarios que intervienen en la causa. La defensa de De la Rúa anticipó ayer que analiza apelar el fallo.
El retraso en la definición de la situación procesal de De la Rúa trababa el inicio del juicio contra los otros siete acusados que tiene la causa y que ya habían sido elevados a la etapa oral. Ellos son el ex secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes; el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique; los senadores Alberto Tell, Remo Costanzo, Augusto Alasino y Ricardo Branda, y el presunto arrepentido del caso, el ex secretario parlamentario del Senado Mario Pontaquarto. También habían sido procesados el ex presidente provisional del Senado José Genoud, que murió el año pasado, y el ex senador Emilio Cantarero, que no enfrentará el juicio por su delicado estado de salud.
El debate oral, según los pronósticos de los investigadores, podría comenzar, de no surgir imprevistos, a fines de 2010, más de diez años después de los hechos. El juicio contra los ocho acusados estará a cargo del Tribunal Oral Federal N° 3, el mismo que intervino en la causa AMIA.
En un voto de más de 90 páginas, el camarista Farah rebatió los argumentos de la defensa de De la Rúa que apuntaban a desacreditar la existencia de la reunión en la Casa Rosada en la que, según el relato de Pontaquarto, el entonces presidente ordenó "arreglar con Santibañes" el pago de las coimas.
"El cónclave se encuentra aún en el ámbito de lo probable", sostuvo Farah, sobre el encuentro del 30 de marzo en el que basó su procesamiento Rafecas y del que habrían participado De la Rúa, Flamarique, Genoud, Pontaquarto, Tell y Alasino.
El camarista aclaró, de todos modos, que la reunión no debía ser analizada en forma aislada y que había otros indicios que confirmaban la intervención de De la Rúa en la maniobra.
Enumeró, en ese sentido, la importancia que tenía la sanción de ley para el nuevo gobierno; el rol protagónico en las negociaciones que, por decisión de De la Rúa, había tenido Flamarique; la intervención en la maniobra de Santibañes, amigo del entonces presidente, y el abrupto cambio de postura del bloque de senadores del PJ, luego del 30 de marzo.
En un voto mucho más breve, Irurzun mantuvo que no había pruebas de la reunión, pero que ello no implicaba que De la Rúa hubiese ignorado las negociaciones que culminaron con el pago de las coimas.
El camarista basó su pronunciamiento en declaraciones que indicaban que el ex presidente no pudo haberse mantenido al margen de la maniobra. Se trata de los testimonios del ex vicepresidente Carlos Alvarez, del ex jefe de Gabinete Rodolfo Terragno, del ex senador Antonio Cafiero y del periodista Joaquín Morales Solá, el primero en informar sobre el caso, en una columna de LA NACION. "Esos testimonios me han inclinado a adoptar mi decisión", dijo.
Fuente: La Nación
