Escándalos y campañas sucias del Kirchnerismo

Denuncias y escándalos que estallaron antes de otras elecciones

El fantasma de la campaña sucia recobró fuerza tras las dudas en torno al caso que vincula a Narváez con la causa de la efedrina; la era kirchnerista registra varios antecedentes de acusaciones lanzadas cuando faltaban pocos días para votar; los casos más resonantes

Por Lucrecia Bullrich

Las campañas, se sabe, son el terreno más fértil para que proliferen los cruces verbales más filosos entre contrincantes. Pero suelen ser también escenario de acusaciones y denuncias que no sólo enrarecen el clima previo a los comicios, sino que pueden terminar en la Justicia y hasta ser desmentidas un tiempo después, cuando las elecciones son un lejano recuerdo.

Las dudas en torno a la vinculación entre el candidato Francisco de Narváez y el llamado "rey de la efedrina" reinstalaron el fantasma de la campaña sucia.

La era kirchnerista registra varios antecedentes en la materia. Enrique Olivera, Jorge Telerman y Juan José Alvarez quedaron en medio de los casos más recordados.

Corrían los últimos días de octubre de 2005. Faltaban cuatro días para las elecciones legislativas. Un cable de la agencia Télam lanzó la primera piedra. El despacho daba cuenta de una denuncia presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA) para que se investigara si Olivera, entonces primer candidato a legislador por ARI, que lideraba Elisa Carrió, tenía depositados más de dos millones de dólares en cuentas bancarias en el exterior.

Carrió era candidata a diputada por la Capital y marchaba segunda en las encuestas, cerca de Mauricio Macri.

Olivera y su jefa no tardaron en salir a desmentir la información y apuntaron directamente contra Néstor Kirchner, a quien acusaron de montar una operación contra el candidato para arruinar su desempeño electoral. Carrió llevó el tema a la Justicia: denunció al ex presidente y a su entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, por "falsa denuncia, inducción con engaños al voto y calumnias e injurias".

Las versiones sobre el origen de la acusación empezaron a correr enseguida. Todas las miradas apuntaban a la Casa Rosada, hasta que se supo que el denunciante había sido Daniel Bravo, hijo del histórico dirigente socialista Alfredo Bravo y entonces director de Deportes de Aníbal Ibarra. Antes había sido legislador porteño y tenía un vínculo estrecho con Alberto Fernández.

Como era de esperar, salió a defenderse. "A mí no me pagó el Gobierno", aseguró por esos días. "Fui legislador porteño al mismo tiempo que Alberto Fernández, pero de ahí a decir que él me pagó para que cuestionara a Enrique Olivera es una locura. Yo ni voy a votar al Gobierno ni estoy operando políticamente. Me llegó una denuncia anónima y la trasladé a la Oficina Anticorrupción [OA]", ahondó.

Cuando faltaban poco más de dos días para la elección, Kirchner y Carrió protagonizaron un duro choque por el tema. "Cuando uno quiere demostrar su honestidad es fácil. Con todo respeto le diría a Olivera que le haga un favor al país, que vaya al banco y pida un certificado que muestre que no tiene una cuenta y listo. Es un trámite simple y se acaba la discusión", lanzó Kirchner en una entrevista radial. La réplica de Carrió llegó pocas horas después. "Estamos ante la última operación del coyote Fernández", disparó.

La tardía aclaración. El tema quedó aclarado cuatro días después del domingo de las elecciones. El banco HSBC de Nueva York certificó que Olivera no tenía cuentas en ninguna sucursal de la entidad. Laconfesión final llegó casi dos años después de las elecciones. En agosto de 2007, Bravo presentó un texto de retractación ante la Justicia en el que reconoció que los datos de la denuncia contra Olivera eran falsos y se disculpó por haber creado "injustamente un manto de dudas" contra el legislador.

En septiembre de 2006, el diario Página/12 publicó que Juan José Alvarez, entonces diputado nacional del PJ antikirchnerista que empezaba a tomar forma en el Congreso, había sido empleado de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) entre 1981 y 1984. Aunque faltaba poco más de un año para las presidenciales de 2007, la campaña ya estaba en marcha. Y Alvarez ya estaba instalado como operador de Roberto Lavagna, que se perfilaba como candidato.

La difusión del pasado del ex ministro de Eduardo Duhalde no tardó en ser leída como un "carpetazo" salido de la propia SIDE. Y el poder intentó despegarse enseguida. "El Gobierno no tiene nada que ver. No me consta ni que el Gobierno ni que la SIDE hayan entregado esos archivos", afirmaba Aníbal Fernández por esas horas. "Del pasado no hay que olvidarse", deslizaba Alberto Fernández.

Alvarez admitió su paso por la SIDE, afirmó que sólo había desempeñado tareas administrativas, pero el vínculo entre la difusión de los datos y su tarea política de esos días le pareció evidente. "No entiendo cómo un legajo de un organismo de inteligencia que está desde hace 25 años allí se revela ahora. Es un hecho grave", dijo en una entrevista con LA NACION.

El tema desembarcó en la Justicia, pero no prosperó. El entonces fiscal Carlos Stornelli pidió que se investigara si había habido violación de secreto de la ley de inteligencia. La solicitud recayó en el juzgado federal de María Servini de Cubría.

 

La licenciatura de Telerman. En enero de 2007, cuando faltaban cinco meses para las elecciones a jefe de gobierno porteño, el Gobierno denunció al entonces mandamás de la ciudad de firmar documentos como "licenciado", cuando en realidad carecía de título universitario. "Sé que, en la medida en que vaya pasando el tiempo, los debates se harán más caldeados, más apasionados, y quienes necesitan figurar mejor en los sondeos se afanarán más para mostrarse arriba del ring", concluyó Telerman. En el mismo acto en que reconoció que no era licenciado, el ex jefe de gobierno anunciaba también la fecha de los comicios en el distrito.

Pero la falsa licenciatura no fue el único carpetazo que recibió Telerman. Apenas dos meses después, el juez del caso Skanska incluían en la investigación la posible utilización de facturas truchas de publicidad en el gobierno porteño.

Como una defensa en la acusación de irregularidades en la construcción del Gasoducto del Norte, el Gobierno apuntó contra Telerman. "Acá hay facturas truchas con fondos públicos, cuatro de ellas emitidas el mismo día, el 20 de julio de 2006", acusó Alberto Fernández en una de las pocas oportunidades en que se presentó en el Congreso para dar su informe mensual.

Fuente: La Nación